Deben analizarse con cautela las interpretaciones que se han hecho a propósito de la segunda vuelta de gobernadores. Con una participación tan baja como la registrada, ellas son muy tentativas. Quizás la conclusión más sólida sea la incapacidad mostrada por los distintos sectores políticos para movilizar a la ciudadanía. Es cierto que la pandemia puede haber influido y que las atribuciones de las nuevas autoridades son limitadas, aunque igualmente les corresponderá abordar asuntos que afectan la calidad de vida de las personas, pero era la primera vez que se elegían. Así, el distanciamiento entre la ciudadanía y la política alcanzó un nuevo máximo. En siete regiones la participación fue inferior al 15 por ciento. En otras cuatro, menor a 20 por ciento y en solo dos superó el 20 por ciento, pero muy por debajo del anterior mínimo de 34,9 por ciento registrado en las municipales de 2016. Ese vacío de liderazgo en las distintas corrientes políticas es un asunto preocupante. Una democracia en la que no se produce una conexión razonable entre ciudadanos y potenciales representantes corre el riesgo de quedar sometida a populismos impredecibles.

Ahora bien, los resultados, al menos en el corto plazo, dejan al oficialismo muy disminuido. Ha logrado solo una gobernación y antes, el 15 y 16 de mayo, había perdido municipios emblemáticos, además de obtener una representación inesperadamente reducida en la Convención Constitucional. Por cierto, esto no puede separarse completamente de la baja aprobación del Gobierno, incluso entre las personas que se identifican con la centroderecha. En estas circunstancias, la capacidad de movilización de su electorado es reducida. Territorialmente, al tener solo un gobernador y haber cedido municipios clave, su capacidad de despliegue en los próximos procesos electorales queda muy deteriorada. Con todo, mantiene la fortaleza de contar con candidatos presidenciales relativamente bien posicionados. Este factor le ofrece una oportunidad para convocar masivamente a su electorado a las primarias del próximo 18 de julio. Para ello, los candidatos no solo deberán saber comunicarse apropiadamente con sus potenciales votantes, sino, sobre todo, ofrecerles una agenda creíble que los entusiasme. Un buen desempeño, en un escenario político que se ha demostrado muy fluido, puede cambiar el actual estado de ánimo del sector y dejarlo en mejor posición para abordar las presidenciales y parlamentarias de noviembre.

A su vez, el relativamente buen resultado de Unidad Constituyente el pasado domingo reivindica la posibilidad de desarrollar un proyecto político de centroizquierda, independiente de la izquierda extrema. Hasta ahora, había habido dudas respecto de seguir ese camino y reivindicar su identidad. Prueba de ello fueron las negociaciones con esas fuerzas que se prolongaron hasta hace solo algunas semanas y que tuvieron su momento cúlmine en las tratativas para incorporar a la socialista Paula Narváez —después de la renuncia del PPD y de Nuevo Trato a llevar sus propios candidatos presidenciales— en primarias con el Frente Amplio y el Partido Comunista. Ese traumático episodio y lo ocurrido en los comicios de gobernadores seguramente reanimarán el proyecto de UC. Ello, no obstante debilidades importantes que dicen relación también con la capacidad efectiva de sus líderes para movilizar a sus electores potenciales. En ese sentido, requiere un análisis más detallado el hecho de que la senadora Provoste, en principio la carta mejor posicionada de esa coalición, no haya logrado elegir a su candidato en la Región de Atacama y que esta haya registrado además la segunda menor participación después de Antofagasta. Al mismo tiempo, el triunfo de Claudio Orrego en Santiago no puede explicarse sin el apoyo que recibió de sectores que, en otras circunstancias, votarían por candidatos del oficialismo.

Por supuesto, lo ocurrido en la Región Metropolitana es también consecuencia del fracaso de una campaña, la de la postulante del Frente Amplio y del PC, que intentó establecer contrastes odiosos en diversos aspectos —incluyendo referencias a la lucha de clases— entre Orrego y la postulante Karina Oliva. Esta fórmula demostró no movilizar a un electorado que espera de las candidaturas actitudes que permitan, más allá de diferencias ideológicas, converger en el diálogo y la deliberación para avanzar en una agenda que —con todos los matices que correspondan— exprese ciertos acuerdos básicos que se puedan sostener en el tiempo.