Los peruanos ya eligieron Presidente, pero la Oficina Nacional de Procesos Electorales debe confirmar quién ganó. Según los últimos cómputos, Pedro Castillo sigue adelante, si bien la estrechísima diferencia con Keiko Fujimori lo ha disuadido de proclamar la victoria. El del domingo fue un acto electoral limpio, con altos estándares internacionales, según los observadores. Es probable que no se declare ganador hasta que se cuente el último voto, y se espera que las actas del exterior, con mayoría favorable a Fujimori, terminen de llegar hoy o incluso mañana. La delicada tarea de revisar las actas observadas (unas 1.300 y que han adquirido una notoriedad crítica, dados los estrechos márgenes de la votación) está en manos de los jurados electorales especiales; para la primera vuelta demoraron casi una semana en resolver. Con todo, aun sin un resultado definitivo, los números son reveladores de la compleja realidad que enfrenta Perú y de las preguntas que se abren en una región en que distintos países —incluido el nuestro— viven procesos de profunda revisión de lo que han sido las bases de su desarrollo.

En el caso peruano, la elección mostró un país dividido, con una aguda diferencia entre regiones y provincias, entre la capital y el interior, y en la mirada que se tiene sobre cómo realizar los cambios que se necesitan. Castillo consiguió el apoyo de las zonas centro y sur, que se sienten más abandonadas por el Estado, donde la modernidad llega lentamente y la pobreza se vio con más crudeza durante la pandemia. Keiko Fujimori tuvo buena votación en Lima y en las regiones de la costa norte y las agrícolas del sur, esas más integradas al desarrollo y a la globalización.

El próximo gobierno deberá dar prioridad a resolver las angustias de las áreas apartadas, pero al menos parte de los problemas —fenómeno recurrente en Latinoamérica— no tiene que ver con modelos de desarrollo, sino con graves deficiencias de gestión. Un ejemplo se da con los gobiernos regionales y municipales de muchas de las provincias más pobres, que reciben millonarios aportes por canon y regalías mineras, pero no realizan las obras necesarias para mejorar la calidad de vida de sus habitantes: cada año esas administraciones locales han dejado de invertir el 46 por ciento de sus presupuestos.

Si Castillo es confirmado, se intensificará la incertidumbre generada con su candidatura y sus llamados a remecer la institucionalidad. El cambio de su programa para el balotaje no consiguió rebajar la inquietud. El lunes, la bolsa y la moneda peruana se desplomaron, agudizando una tendencia iniciada tras el inesperado pase a segunda vuelta del profesor de Cajamarca, reacio a la inversión extranjera y favorable a un mayor control estatal de la economía.

Es sabido que los programas son tentativos y que una vez en el poder se ajustan según las condiciones políticas. Castillo aboga por un cambio de modelo, y plantea llamar a plebiscito para cambiar también la Constitución, pero en la actual institucionalidad ese mecanismo no existe. Es dudoso que el Congreso avale su fórmula, pues Perú Libre —su partido— no tiene la mayoría requerida en el Legislativo, ni aun sumando los votos de Juntos por el Perú, de Verónika Mendoza, que lo apoyó en el balotaje. Los ocho conglomerados restantes representan visiones de centro o centroderecha que difícilmente apoyarían proyectos radicales de izquierda. En ese escenario, la gobernabilidad estaría en riesgo y no se deben descartar movilizaciones populares promovidas desde el Ejecutivo. En el sistema semipresidencialista peruano, el mandatario —quien incluso amenazó alguna vez con cerrar el Congreso— puede disolver este si le niega la confianza en dos oportunidades. Puesto en la disyuntiva, probablemente, Castillo apelará a esa atribución. Una nueva elección parlamentaria podría cambiar el panorama y, como ocurrió en Ecuador con Rafael Correa, en Bolivia o Venezuela, abrirle la posibilidad, mediante promesas populistas, de obtener, ahora sí, un Congreso favorable.

Las urgencias del Perú, sin embargo, poco tienen que ver con ese tipo de operaciones. Con una pandemia descontrolada, la tarea inmediata del nuevo gobierno será acudir en apoyo de la población más afectada, avanzar en la retrasada vacunación y lanzar ayudas sociales. Manejo de la crisis sanitaria será la primera prueba del futuro Presidente, sea que se confirme la ventaja de Castillo o que Fujimori logre revertir el escenario.