Uno de los tres postulantes a gobernador regional que obtuvieron más del 40% de los votos y que, por lo tanto, resultaron electos en primera vuelta, fue Rodrigo Mundaca, en la Región de Valparaíso. Aunque compitió en la lista de Revolución Democrática, iba como independiente, luego de haber alcanzado en los últimos años alto protagonismo local como dirigente del Movimiento de Defensa del Agua, la Tierra y la Protección del Medio Ambiente, Modatima. En reveladora entrevista con Reportajes de “El Mercurio”, la futura autoridad no solo anticipó cuáles serán sus iniciativas, sino también la impronta que pretende dar a un cargo que recién ahora debuta en nuestro ordenamiento institucional, en medio de no poca inquietud respecto de sus atribuciones y su relación con el gobierno central.

Tal vez anticipo de futuras controversias, para Mundaca, las competencias de los gobernadores hasta ahora definidas son “un punto de partida” y no de “llegada”, en tanto la figura del delegado presidencial —designado por el Presidente de la República y quien mantiene atribuciones clave, como las de orden público— es “completamente obsoleta” y debería suprimirse en la nueva Constitución. A su juicio, el “terremoto político con epicentro en Valparaíso” ocurrido el 15 y 16 de mayo —en referencia a los resultados electorales obtenidos en esa región por sectores afines— implica una transferencia de poder político desde el gobierno central a los territorios. Los temas que promueve y hacia los que orientará su acción son hacer del agua un bien común y de su acceso un derecho humano; de la naturaleza, un sujeto de derecho, y de la vivienda, un derecho social; también aspira a relevar los derechos de las minorías sexuales, que —denuncia— enfrentarían “persecución” en la región.

Su postura de desafío a la institucionalidad vigente la extiende al Poder Judicial. De este modo, insiste en que “es del todo lógico exigir la libertad de aquellos que fueron encarcelados desde el 18-O”, aunque ello sea contrario al ordenamiento jurídico; su argumento, en todo caso, no es la ausencia de delito, sino la extensión de las prisiones preventivas. En esa misma línea desafiante anuncia que, desde Modatima, en conjunto con la Lista del Pueblo y el pacto Apruebo Dignidad (PC-Frente Amplio), apoyarán bajar el quorum para aprobar las cláusulas de la nueva Constitución, de los actuales dos tercios a la mayoría simple de la Convención. A su juicio, esa “es una cuestión lógica”, pese a que dicho quorum constituye una de las reglas fundamentales del proceso constitucional aprobado masivamente por la ciudadanía en el plebiscito del 25 de octubre.

En materia económica, el futuro gobernador manifiesta una profunda desconfianza en las inversiones privadas, especialmente en los servicios de utilidad pública. Prefiere que sean empresas municipales las que se hagan cargo de ellos, pues los privados “han tenido suficiente tiempo para enriquecerse a costa de la privatización de nuestros derechos sociales”. Ni siquiera les reconoce las inversiones que han permitido dotar de agua potable y tratamiento a las aguas servidas a gran parte del país. Es partidario también de “recuperar los fondos de pensiones de los trabajadores” y, en una confusa afirmación, dice que las AFP “han actuado con la plusvalía y excedentes de valor que generan los trabajadores” para obtener utilidades por medio de “capitales golondrina”.

Mundaca transmite un empoderamiento que excede al cargo para el que fue elegido. A su juicio, su triunfo electoral y el de los grupos con los que tiene afinidad les darían la legitimidad para modificar, de acuerdo con sus propios criterios, las reglas a las que deben someterse en el ejercicio de sus cargos. En un paradójico rasgo compartido con otras autoridades recién electas, su desdén por el ordenamiento institucional del país no se condice con el hecho de que fue gracias a ese ordenamiento que pudo competir y ganar la elección. A su vez, la confianza que expresa en la capacidad del Estado —y también de las municipalidades— para generar los bienes y servicios básicos que requiere la población, así como para garantizarle sus derechos, parece ignorar las falencias que estos han exhibido históricamente y siguen exhibiendo en la actualidad.

La fuerza con que transmite sus críticas a la sociedad chilena contrasta con la aparente ingenuidad de las fórmulas de solución, la mayoría ancladas en un pasado que nunca entregó aquello que prometía. Es de esperar que los desafíos que enfrentará en su gestión, sometida ahora al escrutinio ciudadano, le den una perspectiva de mayor realismo para superar los problemas de la gente de la V Región.