En el tiempo transcurrido desde la elección de constituyentes han sido muchas las entrevistas en que quienes resultaron electos han dado a conocer sus convicciones y también la forma en que creen que se deberán resolver las futuras controversias. Esto, en conexión con el valor que asignan al diálogo, pero además, con la validación social de sus decisiones.

Es indudable que la nueva Constitución deberá hacerse eco del sentir ciudadano captado a través de variadas instancias de encuentro con la sociedad civil. Pero una cosa es recoger y procesar esos sentires y otra esperar que el rol representativo de los constituyentes consista en una traducción a la letra de lo que grupos de votantes les expresen en sus redes sociales o en las reuniones en “territorios”.

La voluntad popular que informa la democracia no es, desde luego, un dictado unívoco al que baste prestar oído para extraer de él un texto constitucional. El papel de los constituyentes dista, en efecto, de ser un ejercicio de ventriloquía política; se trata de ciudadanos deliberantes y comprometidos con el interés común, para quienes las instancias de diálogo social han de constituir un insumo valioso, mas no un mandato imperativo. Aprovechar el aporte de esas voces múltiples es, además, una tarea muy distinta a la de imponer en su nombre determinadas posiciones, que es como pretendió justificar su indisposición al diálogo un vocero de la Lista del Pueblo. Más aún, la vinculación de muchos constituyentes con movimientos relacionados con causas como el medio ambiente, el agua o el feminismo, no debe generar confusión respecto del sentido de su labor: no consiste esta en limitarse a replicar los postulados de los grupos que respaldaron sus campañas, sino representar el interés general del país.

Por lo demás, la experiencia del asambleísmo sirve de advertencia para quienes esperen validar socialmente cada una de sus posturas y propuestas. La idea de poder reproducir permanente y perfectamente la voluntad de “las bases” no solo es extenuante, sino que probablemente incompatible con la compleja tarea de redactar, en un plazo acotado, toda una Constitución.

La valoración que muchos de los constituyentes electos han expresado, respecto de las fórmulas de la democracia directa, puede dar pie a equívocos sobre la función para la que fueron elegidos. No es esta la de ser “voceros” de determinados territorios o causas, sino ser parte de un proceso deliberativo que deberá dar a Chile una nueva Carta Fundamental. Ello demanda apertura no solo a escuchar lo que les pidan sus bases o determinados grupos, sino también, a considerar la pluralidad de visiones que se expresarán en la Convención, incluidas aquellas que difieran de sus propios puntos de vista.