Entre las diversas críticas al proceso de desarrollo vivido por el país en los últimos 30 años, el tema de la sustentabilidad es uno de particular preocupación para las nuevas generaciones. En efecto, el impacto que sobre el medio ambiente tiene la actividad humana, la degradación de los ecosistemas que ello provoca y la pérdida de biodiversidad, además del cambio climático y sus consecuencias sobre la población mundial, son todos problemas cuya solución requiere modificar la trayectoria de desarrollo de los países, y plantean inmensos desafíos a la comunidad de naciones, incluida la nuestra.

Hay quienes piensan que, como todo ello sería el resultado del desenfrenado aumento del consumo humano, acompañado, a su vez, de un permanente aumento de la producción de bienes y servicios para satisfacerlo, la solución sería simplemente limitarlo, redirigiendo los hábitos de las personas hacia direcciones que disminuyan fuertemente su propensión a consumir. Ese planteamiento, expresado así vagamente, aunque bien orientado, adolece de al menos dos problemas. Por un lado, ignora que todavía una parte sustantiva de la población mundial vive en condiciones materiales precarias y desea legítimamente alcanzar los niveles de vida que observa en las naciones más ricas; no sería justo condenarla a permanecer indefinidamente en la pobreza y a asumir así el costo de congelar el desarrollo. Por otro lado, cabe advertir que, dependiendo de los supuestos que se asuman, la población mundial se estabilizaría a fines de este siglo entre 9 mil y 11 mil millones de personas; poder atender todas sus necesidades materiales básicas, así como las sofisticadas tecnologías para obtenerlas, requerirá de la extracción —o del cultivo— de materiales surgidos de la tierra, del mar o del aire, de modo que en cualquier escenario futuro resultará inevitable intervenir el entorno para su sustento.

Así, cambiar los hábitos de consumo en un contexto como el descrito no se conseguirá simplemente proponiéndoselo de manera voluntarista, sino avanzando hacia nuevos equilibrios, que compatibilicen el progreso y la sustentabilidad. Para ello es necesario, desde luego, que los precios relativos de los productos y de los procesos para manufacturarlos reflejen los reales costos involucrados, incluido su impacto ambiental. Requerimiento básico de cualquier avance en esa dirección es el de conectar a las ciencias naturales, que explican los fenómenos bio-geo-físico-químicos en los que se sustenta la vida humana, con la economía, de modo que haya un marco conceptual común, que posibilite ese cambio de precios relativos y genere las innovaciones científico-tecnológicas para implementarlos.

El Ministerio de Hacienda de Gran Bretaña —sugerentemente, no el de Medio Ambiente— encargó un trabajo de ese tipo al economista Partha Dasgupta y su equipo, quien entregó su informe en febrero de este año. En él afirma que los procesos naturales que proveen los elementos esenciales que los humanos utilizamos en nuestra vida diaria —el aire que respiramos, el agua que bebemos, el nitrógeno con que cultivamos nuestros alimentos, por ejemplo— constituyen un capital natural, sujeto a depreciación como el resto de los activos, pero que hasta ahora no se incluía en los cálculos económicos de manera correcta. Valorizar el capital natural, algo de por sí complejo, y reponer la depreciación que provoca su desgaste mediante sofisticadas tecnologías de punta basadas en nuevos conocimientos científicos, es la estrategia que el informe propone seguir. Ella provocará la modificación de precios relativos requerida, lo que, a su vez, permitirá alterar la trayectoria productiva de los países y conseguir nuevos y necesarios equilibrios.

El futuro del desarrollo sustentable deberá basarse necesariamente en análisis como los del informe Dasgupta. El esfuerzo para implementar sus conclusiones exitosamente requerirá de más desarrollo, no de menos, pero uno orientado por un completo y correcto balance de costos y beneficios, y de una economía basada en el conocimiento.