Desde el estallido del 18-O y en forma creciente, he escuchado muchas veces que la compleja crisis política y social que enfrentamos se explica porque la derecha siempre se opuso a las reformas necesarias para haberla evitado. Al parecer, muchos en el sector han hecho eco a estas voces, y no solo han aprobado reformas que surgen de la izquierda radical, sino que han propuesto otras que siguen lineamientos similares. De esta forma, los parlamentarios del sector mayoritariamente votaron a favor de los retiros de los fondos de pensiones, algunos se han abierto a alzas desmedidas del royalty y al impuesto a los “súper ricos” y otros han sido los promotores de una política de IVA diferenciado. ¿Es eso lo que se entiende por satisfacer las demandas sociales y evitar el descontento? Estoy segura de que nadie serio puede decir que aprobar reformas nefastas es el camino que debemos seguir para evitar las crisis sociales. Es cierto que esas políticas populistas le dan el gusto “a la calle”, pero sabemos que más temprano que tarde generarán daños muy superiores a sus beneficios de corto plazo. Acordemos entonces que ese camino no es el apropiado.

Veamos, entonces, ¿a qué reformas que hubieran evitado la crisis política y social se opuso la derecha? Es efectivo que en general no aprobó las reformas de Bachelet II (aunque sí dio sus votos para la tributaria), pero ese Gobierno tenía mayoría, no necesitaba a la derecha. Lo que sí es claro a estas alturas es que reformas basadas en consignas, con serias deficiencias técnicas, tampoco evitan los problemas sociales, porque son muy poco efectivas para resolverlos. La reforma tributaria recaudó un tercio de lo esperado, la reforma educacional no contribuyó a mayor igualdad, y la reforma laboral desincentivó la contratación formal, condición necesaria para mejorar la situación laboral de millones de trabajadores. Concordemos, entonces, que apoyar reformas técnicamente deficientes, con más costos que beneficios, tampoco es un camino apropiado para resolver el descontento social. Por otra parte, la derecha dio sus votos para reformar el sistema binominal, que efectivamente tenía aspectos negativos, el problema es que se cambió por un sistema peor aún. ¿Y la reforma constitucional? Por supuesto que la Constitución es perfectible, pero Bachelet mandó su reforma el último día de su gobierno, por lo que ni siquiera se discutió.

¿Cuáles son las reformas que podrían haber atenuado los problemas actuales? En 2006 (hace una década y media) la Comisión Marcel recomendó aumentar la tasa de cotización al sistema de capitalización y subir la edad de jubilación, propuestas que ni siquiera formaron parte del proyecto de reforma previsional de Bachelet, que sí tuvo, por supuesto, aspectos muy positivos, pero que descartó todo aquello que podía ser poco popular. Si desde entonces se hubiera subido la tasa de cotización en una magnitud equivalente a un tercio del aumento de remuneraciones reales, la tasa de cotización sería cercana a 20%. En su primer gobierno, Piñera intentó avanzar en los aspectos rechazados de la propuesta de esa comisión, pero no tuvo ningún apoyo de la oposición. Tampoco pudo avanzar en políticas que contribuyeran a mayor flexibilidad laboral, y de esta forma avanzar en formalidad, no había apoyo de la izquierda en estos temas, a pesar de las bajísimas cifras de ocupación formal en los sectores de menores ingresos. Por otra parte, es efectivo, que los gobiernos de ambos sectores han dado escasa prioridad a la capacitación laboral, reforma clave para mejorar la situación de los trabajadores más vulnerables. Hubo en esta línea en 2012 un buen proyecto que combinaba flexibilidad y capacitación, al que la CUT se opuso tenazmente, por supuesto con el apoyo de la oposición. El resultado de las políticas laborales de los últimos veinte años se refleja en que, a pesar del crecimiento de la ocupación y de las remuneraciones, la informalidad se mantuvo siempre elevada, dañando las posibilidades de ascenso de los grupos más vulnerables. Esa rigidez laboral tampoco puede atribuirse a la derecha.

No tengo dudas de que los problemas actuales son multicausales, y todos tenemos responsabilidad en ellos. Sin embargo, una de las causas más importantes de la crisis actual es la falta de crecimiento, que se remonta mucho más atrás de lo que se percibe. La productividad está estancada en Chile hace más de 20 años, y los buenos años entre 2003 y 2012 se explican principalmente por la bonanza del cobre.

¿Es responsabilidad de la derecha que las políticas públicas hayan dejado bastante de lado el elemento más importante para generar mayor bienestar de la población en forma sostenible, y por el contrario, crecientemente se aprueben políticas que dañan el crecimiento de tendencia? No me parece.

Cecilia Cifuentes
Directora Ejecutiva