Progresivamente se van conociendo definiciones políticas de los nuevos constituyentes. Especial atención han suscitado los planteamientos de los integrantes de la llamada Lista del Pueblo. Corresponde esta en realidad a un movimiento que, aprovechando las facilidades que el sistema ofreció para la conformación de listas de independientes, inscribió nóminas en distintos distritos, logrando un sorprendente desempeño electoral: con 27 constituyentes, serán la tercera fuerza con más representantes en la Convención. Uno de sus voceros, Rafael Montecinos, en entrevista con “El Mercurio”, adelantó parte del ánimo con que abordarán este proceso. Según dijo, “con la derecha no vamos a conversar nunca”, pero tampoco lo harán con los otros partidos; en rigor, solo se abrió a que “si hay que hacer pactos dentro (del órgano constitucional) va a ser con las personas que estén cien por ciento alineadas con las demandas del pueblo”. Un día después, la constituyente electa María Rivera —quien se hizo conocida como “la abogada de la Primera Línea”, el grupo de choque protagonista de violentas acciones en la Plaza Baquedano— fue más específica y anticipó la intención de condicionar el inicio del trabajo constitucional a la liberación de los imputados por graves desmanes y hechos de violencia. Para ello, planteó incluso la realización de una huelga general.

Si resulta insólito que desde ya se anuncie la intención de paralizar la labor para la que fueron elegidos, no deja tampoco de ser paradójico el duro discurso antipartidos por parte de un movimiento que —según ha anunciado— se apronta a actuar coordinadamente para impulsar sus puntos de vista, formar una bancada dentro de la Convención e incluso eventualmente presentar candidatos en las elecciones parlamentarias: es difícil imaginar algo más parecido a una nueva colectividad política, por cierto de impronta radicalizada.

Con todo, más allá de esas contradicciones, lo más inquietante de los planteamientos de estos futuros constituyentes es la actitud con que parecen asumir su labor. No corresponde a un grupo de quienes participarán en la Convención erigirse en censores del resto para reconocerles o no legitimidad al momento de dialogar. Afirmar eso es desconocer el pronunciamiento ciudadano que, tal como a ellos, también eligió con sus votos a los demás constituyentes, mandatándoles a todos la búsqueda de acuerdos para elaborar una nueva Carta Fundamental. La pretensión de ser la única y fidedigna encarnación del pueblo no es propia de la democracia, sea que la asuma un dictador fascista o una vanguardia iluminada.

La democracia, al contrario, valora la diversidad de miradas existentes en la sociedad y su aporte para alcanzar soluciones colectivas a partir de la deliberación y el diálogo. En el caso de la Convención se estableció un quorum de dos tercios para la aprobación de los contenidos de la futura Carta Fundamental; ello, precisamente, con el objeto de que la nueva Constitución no sea el resultado de la imposición de un grupo sobre otro, sino el fruto de necesarios acuerdos en los que confluyan sectores diversos. Como, luego de la elección del fin de semana, ninguna fuerza contará con ese quorum, el trabajo de los constituyentes será especialmente desafiante y nada podría obstaculizar más su labor que el intento por establecer vetos o la idea de supeditar su funcionamiento a cuestiones subalternas. En cambio, será fundamental para su éxito un verdadero diálogo, cuyos participantes se encuentren dispuestos tanto a persuadir como a ser persuadidos, dando cuenta de sus razones, pero también estando abiertos a escuchar y ponderar las de los otros.

Obviamente, lo opuesto de ello es pretender asumirse como la exclusiva voz del pueblo de Chile e identificar con el interés nacional lo que es un particular y discutible pliego de demandas.