Los períodos electorales son terreno fértil para propuestas generosas de gasto, que permiten a los incumbentes aumentar su probabilidad de elección. Pero no deja de ser llamativa la diferencia entre la situación actual y el pasado reciente cuando, incluso en épocas electorales y complejas, primaba la racionalidad y la responsabilidad en el debate. Hoy, nada parece ser suficiente y todos quieren más.

Las propuestas de mínimos comunes que se discuten son desproporcionadas e injustificadas. La oposición ha propuesto elevados ingresos mínimos universales y otras medidas que implican un aumento muy sustantivo del gasto público en los próximos meses, equivalente a alrededor de 5,5 por ciento del PIB (más de un 20% del presupuesto anual del país). Pero esta avidez de gasto no es exclusiva de la oposición; propuestas en la misma línea, aunque más moderadas, también han surgido dentro del propio Gobierno y de sectores afines a él. Por ello, es necesario un llamado general al sistema político a la sensatez y la responsabilidad en el diseño de políticas cuyos impactos pueden ser sustantivos.

La economía está en recuperación, y los próximos meses deben destinarse a promover la creación de empleos. El desempleo es todavía elevado, quedan alrededor de 800 mil puestos de trabajo por recuperar y la lógica indica que debiéramos ir en apoyo de esas personas y no gastar ingentes sumas de recursos, que más adelante necesitaremos, en apoyos universales y de montos tan sustantivos. Los fondos involucrados en la propuesta de la oposición superan con creces lo necesario para compensar razonablemente la caída de ingresos de las familias afectadas por la imposibilidad de trabajar.

En época de elecciones y de lamentable deterioro del debate de políticas públicas, no parece haber cabida para reconocer los esfuerzos que se están realizando —y que han sido reconocidos por informes de organismos internacionales—, o para proponer medidas adicionales que, buscando apoyar a las personas en situación desmedrada, fomenten al mismo tiempo el empleo y sean fiscalmente responsables. Desde un punto de vista macroeconómico, estas propuestas son inadecuadas. El último Informe de Finanzas Públicas pronostica un déficit efectivo de 3,8% del PIB y uno estructural de cerca de 6% para este año. Estas estimaciones ya consideran un precio promedio del cobre de cuatro dólares la libra. Lo propuesto por la oposición, por ejemplo, llevaría el déficit estructural a alrededor de 11% del PIB este año. Es cierto que hoy Chile tiene espacio para aumentar la deuda pública, pero la persistencia de estos programas de gasto ha mostrado ser grande en el pasado, y nada hace prever que esta vez será diferente.

El acuerdo entre Gobierno y oposición el año pasado implicaba que, a partir de 2022, el crecimiento del gasto fiscal sería muy bajo e incluso negativo dicho año. Considerando las ayudas ya entregadas, y la propuesta de “mínimos comunes”, el gasto público deberá caer cerca de 20% el próximo año para lograr los mismos objetivos de gasto planteados en ese acuerdo. Ello es muy difícil de lograr, y un compromiso para volver a una senda sostenible de gasto a partir del próximo año debiera ser parte integral de cualquier negociación política. De otra manera, se restringirá de manera importante el accionar de la futura administración.

Un cálculo simple da cuenta de que los estímulos recientes superan las estimaciones más pesimistas de brecha del PIB, y esta diferencia sería aún mayor si se aprueban los nuevos y enormes gastos que se proponen. No se entiende, salvo en la lógica electoral, que en estas circunstancias se esté planteando una política fiscal tan expansiva. La disputa por la universalidad de los apoyos fiscales está alimentando un desequilibrio macroeconómico importante.

El elevado precio del cobre constituye un alivio a la economía y las cuentas fiscales, lo que permite evitar un aumento aún mayor de la deuda pública. Pero ello no justifica gastar todo el ingreso extraordinario, ni menos gastar más del doble de los ingresos extraordinarios de este año respecto de lo esperado hace unos pocos meses, como la propuesta antedicha plantea. La responsabilidad en ciclos anteriores de alza del precio del cobre permitió sortear bien la crisis de 2009 y acumular recursos que se están usando en la crisis de la pandemia. La lógica actual de gastarse todos los ingresos y, de facto, comprometer la trayectoria del gasto hacia adelante más allá de lo razonable —considerando la rigidez a la baja del gasto público— nos conduce gradual, pero firmemente, a la realidad de otros países de la región cuyo lema ha sido “gastemos todo lo que podamos, y el futuro se encargará de sí mismo”.

Sebastián Claro
Universidad de los Andes
Rodrigo Vergara
Centro de Estudios Públicos