Es una aparente paradoja del momento político actual el que, a pesar del fuerte desgaste y desaprobación del Gobierno, el oficialismo cuente con cuatro precandidatos presidenciales bien aspectados. Si bien estos tienen trayectorias políticas independientes, los cuatro han formado parte del gabinete del Presidente Piñera en alguno de sus mandatos. A pesar de ello, quizás precisamente por sus trayectorias o por sus carismas personales, entre otros factores, mantienen apoyos relevantes, sin que la mala evaluación del Gobierno los afecte en demasía. Es posible también que el interesante posicionamiento que ostentan encuentre parte de su explicación en una mayor identificación o conformidad de los sectores gobiernistas con la trayectoria y logros de Chile en las últimas tres décadas. La población, según dejan entrever distintos estudios y encuestas, tiene numerosas preocupaciones y cuestionamientos a la marcha del país, pero todo indica que al mismo tiempo valora mucho de lo conseguido en estos 30 años. En este sentido, el problema no sería tanto dicho período, sino que la incapacidad del sistema político de haberse hecho cargo de las consecuencias que trajeron consigo la modernización económica y los cambios sociales y culturales que la acompañaron. De alguna manera —de acuerdo con esta visión—, el orden institucional y social no se adaptó adecuadamente a las nuevas demandas, propias de una sociedad que ha experimentado un gran dinamismo. Este ha sido un dilema permanente de las democracias modernas y la cuestión de fondo que enfrenta el país es precisamente pasar a un nuevo estadio, entendido como una evolución indispensable de los últimos 30 años, antes que como un revisionismo inconducente de ese período.

La articulación de esta evolución parece encontrar a todos los sectores sin respuestas claras. Con todo, se esperaría del Gobierno, y sobre todo del oficialismo, una agenda más precisa, en particular porque es este sector el que hoy sostiene política e intelectualmente, más allá de matices y críticas específicas, la experiencia chilena de estas tres décadas. Obviamente, la urgencia de la pandemia y los déficits de distinta naturaleza que ella ha generado —y que tendrán repercusiones de mediano y largo plazo— nublan a menudo el horizonte. Sin embargo, la emergencia que vivimos, más allá de su carácter, tiene un impacto imposible de anticipar y por lo mismo requiere de seguridades mínimas. Es indudable que ello se relaciona con una demanda creciente de las personas por protección frente a eventos inesperados que son ajenos a su control, la que emerge con más fuerza cuando los hogares han alcanzado un nivel de vida mejor, pero que aún es frágil. La crisis sanitaria ha expuesto esta realidad con fuerza y es respecto de ella que el Gobierno y el oficialismo, pero también la oposición, no han sido capaces de reaccionar apropiadamente.

Ahora bien, el oficialismo, tímidamente, ha defendido en los últimos años la idea de seguridades y protección como ejes de su proyección política, pero ha sido incapaz de traducirla en una agenda precisa y valorada por la población. En este sentido, llega en una posición negociadora debilitada frente a la agenda de mínimos comunes que se intenta acordar para apoyar los ingresos de los hogares frente a la crisis actual. El planteamiento generalizado de la oposición de una renta universal básica —de los montos que se mencionan— es atractivo, pero imposible de financiar, a menos que sea por un período breve. En efecto, si se otorgara una renta básica universal, equivalente a la línea de pobreza, a todos los hogares que están en el Registro Social, habría que disponer del orden de tres mil millones de dólares mensuales. Una protección, en cambio, que asegure un reemplazo razonable de los ingresos perdidos por los hogares con un tope que pueda precisamente ser la línea de pobreza parece un camino posible para el país. Por supuesto, esta estrategia —y también la alternativa— no es fácil de implementar, pero con la información que se ha acumulado en el último año tampoco debería ser imposible. En cualquier circunstancia, la tarea del oficialismo es generar una agenda creíble, bien diseñada y mejor explicada, que exhiba con claridad las convicciones que ha ido adquiriendo respecto de las mayores seguridades, en distintos ámbitos, que necesita la población. Esta es una dimensión clave para articular el pasado con el futuro de su acción política.