La población de mujeres privadas de libertad en Chile ha experimentado un aumento significativo en las últimas décadas, con las consecuencias que esto trae para ellas, sus familias y la sociedad en su conjunto. Entender los desafíos que experimentan las mujeres en el momento de salir en libertad nos permite conocer más profundamente sobre una población que ha sido tradicionalmente invisibilizada, y proponer mejores políticas públicas que atiendan las particularidades de la prisión femenina y favorezcan su reinserción social una vez que salen en libertad.

En 2016, tres instituciones nos unimos para elaborar lo que hoy constituye el primer estudio de reinserción de mujeres en Latinoamérica. Lo hicimos con el convencimiento de que el proceso de reinserción poscarcelaria implica mucho más que la ausencia de delito, y nos obliga a mirar aquellos elementos que permiten una adecuada integración de la mujer a su entorno social. Por ello, estudiamos a un grupo de 225 mujeres que egresaron de la cárcel femenina de Santiago, por un período de un año. De esta forma, pudimos explorar los desafíos que ellas experimentaban en el acceso a trabajo y a una vivienda estable, en el restablecimiento y reparación de sus vínculos familiares, en la vinculación con la red pública y en el abandono de la conducta delictual. Conocimos también sus historias de vida previas a la cárcel, para comprender cómo estas influyen en su proceso de reinserción social.

Los resultados reflejan vidas marcadas por la vulnerabilidad, victimización y pobreza. Cerca del 80% de estas mujeres desertó de la educación escolar, 60% reportó experiencias de maltrato siendo menor de edad y 13% dice haber estado bajo la custodia del Estado. Un 40% presenta síntomas de consumo problemático de drogas, casi el 90% son madres, la mayoría con hijos menores de edad, y cumplen condenas principalmente por delitos de hurto (38%) o drogas (36%).

Su historia de vulnerabilidad se extiende al proceso de reinserción. A pesar del deseo de tener empleo, expresado al momento de salir en libertad, solo dos tercios declaran haber tenido algún trabajo a lo largo del período, los que se caracterizan por ser empleos de subsistencia, informales y de corta duración. Solo un 20% accedió a subsidios estatales, y un 30% se contactó con el municipio o programas de reinserción tras la salida de la cárcel. El proceso de reinserción descansa, en gran medida, en la ayuda que sus familias les entregan. Aun así, el 70% de ellas reporta haber vivido en más de una vivienda en los 12 meses posteriores al egreso, y un porcentaje relevante refiere tener conflictos en su hogar. La experiencia de victimización, presente en la infancia y vida adulta, también surge en este período, ya que el 30% de quienes están en pareja reportan haber sido víctimas de violencia. Se suma el consumo de drogas que, ante la ausencia de tratamiento, permanece relativamente estable con altos niveles de dependencia, especialmente entre las mujeres en situación de mayor vulnerabilidad.

Todos estos indicadores de integración social se asocian con la probabilidad de volver a cometer un delito. Por ello, si queremos disminuir la reincidencia delictual, es necesario comprender que no existe una “receta única” para enfrentar un problema tan complejo y que se requieren esfuerzos tanto del Estado, como de la sociedad civil. Creemos fundamental discutir, entre otras cosas, la expansión del uso de penas alternativas para aquellas con consumo problemático de drogas; la oferta de capacitaciones laborales que respondan a las demandas del mercado del trabajo; el fomento del trabajo con perspectiva de género, y el fortalecimiento de un componente pospenitenciario que permita acompañar el proceso de reinserción para facilitar oportunidades en el ámbito laboral, familiar y social. Responder a este desafío implica poner el foco en la reparación de las vulnerabilidades y sus efectos, realidad que arrastra la mujer que ingresa a la cárcel, con la confianza en sus capacidades para el proceso de reinserción que se inicia.

Rafael Rodríguez
Jefe del área de estudios y desarrollo de Fundación San Carlos de Maipo

Catalina Droppelmann
Directora ejecutiva y de Investigación del Centro de Estudios Justicia y Sociedad, Pontificia U. Católica

Pilar Larroulet
Investigadora principal, docente Instituto de Sociología y profesora asoc. del CJS

Arturo Celedón
Director ejecutivo de Colunga