Luego de haber expresado repetidas veces su rechazo a esta política y de formular un requerimiento ante el Tribunal Constitucional objetando la iniciativa que aprobara el Congreso, el Gobierno ha decidido presentar su propio proyecto para permitir un tercer retiro desde los fondos de pensiones. La evaluación de este no puede hacerse sin antes reconocer la crisis institucional que se cierne sobre el país, en un escenario en que el masivo uso de los fondos previsionales como mecanismo de “ayuda” financiera a las familias está generando un desmantelamiento de facto del sistema de capitalización individual. En efecto, la discusión dice hoy más relación con el modo de evitar que la peligrosa tensión entre los poderes Ejecutivo y Legislativo continúe amenazando la estabilidad democrática, que con la búsqueda de los mejores mecanismos de apoyo financiero durante la pandemia.

El proyecto del Gobierno es técnicamente superior al que aprobara el Congreso. Desde luego, restablece el pago de impuestos por los retiros, corrigiendo una de las inequidades del texto parlamentario. Con todo, el modo en que lo hace, dejando exentas a aquellas personas con ingresos menores a 1,8 millones de pesos, sienta un grave precedente para las discusiones tributarias futuras, contrariando el relativo consenso técnico en cuanto a la necesidad de extender y no disminuir la base de contribuyentes. La propuesta, por otra parte, aborda de mejor manera la situación de los pensionados con rentas vitalicias: mientras el proyecto del Congreso establece el derecho a un “pago anticipado” de características expropiatorias para las compañías de seguros y que expone a Chile a demandas ante tribunales internacionales, la fórmula del Gobierno dispone una suerte de préstamo por parte del Estado para esos pensionados. Además, también apoya, con un depósito de $200 mil, a quienes ya no tienen saldos en sus cuentas.

El aspecto quizá más audaz de la iniciativa es el de establecer una mecanismo de recuperación, con cargo al empleador y al Estado, de los fondos que han sido retirados. De alto costo fiscal, hace explícita la obligatoriedad por parte del Estado de compensar en el tiempo, aunque de manera parcial, los efectos de los retiros sobre las futuras pensiones. La oposición ha sido especialmente crítica de este punto, argumentando que sería esta una manera de fortalecer “un sistema agotado”. La objeción es reveladora de un sector que prefiere anteponer la consigna “ni un peso más a las AFP” por sobre el interés de los futuros pensionados. Más aún, entrega una señal inequívoca del objetivo de desmantelamiento del sistema de capitalización individual que anima al menos a una parte de los impulsores de estos retiros, así como de la irresponsabilidad de quienes en Chile Vamos los han apoyado.

En este escenario, y luego de una deficiente gestión política, la fórmula que ahora propone el Gobierno dista de ser satisfactoria. Sin embargo, además de corregir algunas de las distorsiones más gruesas de la reforma que aprobara el Congreso, tiene el valor de reivindicar el respeto a la institucionalidad. En efecto, el proyecto despachado por los parlamentarios consagra la vulneración de las normas constitucionales que entregan al Ejecutivo la iniciativa exclusiva en materias de seguridad social. Al rechazar esto y llevar la controversia ante el TC, el Presidente de la República no ha hecho más que cumplir con su deber de hacer respetar la institucionalidad. Por lo mismo, resulta inaceptable que los parlamentarios de oposición insistan en exigir el retiro del requerimiento y la promulgación de un texto que el mandatario —fundado en buenos argumentos, incluido un pronunciamiento anterior del tribunal— estima inconstitucional. Que este sea hoy el principal punto de conflicto da cuenta de cómo, pese a la retórica de preocupación por las personas, esta es finalmente una disputa estrictamente política, en que un sector, aprovechando su mayoría en el Congreso y la situación de debilidad del Gobierno, no escatima medios en su intento por doblegarlo.

En paralelo a todo esto, ayer se anunció la presentación, por parte de la diputada Jiles, de un proyecto que permitiría un cuarto retiro de fondos previsionales. Es difícil imaginar un mejor recordatorio respecto de qué actores son los que en definitiva están capitalizando políticamente la situación de conflicto institucional a la que el país ha sido arrastrado.