El tiempo de la irresponsabilidad

Son muchas las aristas del complejo momento que vive el país, tras la aprobación por el Congreso de la reforma constitucional para permitir un tercer retiro desde los fondos previsionales y la presentación por el Gobierno de un requerimiento ante el Tribunal Constitucional.

Justificada esa reforma por sus impulsores como supuesta “única alternativa” para ayudar a las personas afectadas por la crisis económica y sanitaria, la forma en que se ha llevado adelante esta discusión y el tensionamiento a que ha dado lugar son reveladores de un preocupante clima político. Un año y medio después de los hechos de octubre de 2019, y pese a encontrarse un proceso constitucional en marcha, las descalificaciones, las amenazas y la ruptura deliberada de las reglas vuelven a marcar el escenario.

De prosperar, los esfuerzos de diálogo en desarrollo —donde incluso el Gobierno se habría abierto a presentar su propio proyecto sobre retiros— podrían quizá contribuir en medio de este momento crítico, pero ello no será posible sin una reflexión honesta respecto de los factores que han llevado a esta situación y la urgencia de corregirlos. Las señales, sin embargo, no son por ahora alentadoras.

Romper el dique de la legalidad

Más allá del juicio sobre el mérito de uno u otro proyecto, lo más grave que se ha agudizado en estos días es el desenfado con que un sector del país, incluidos parlamentarios y partidos políticos, están dispuestos a saltarse las normas. En aras de un supuesto “principio de realidad” que justificaría violar disposiciones que prometieron o juraron defender —incluyendo amenazas de destitución a quien se interponga en sus propósitos—, creen que se puede construir un país mejor. Se bota por la borda así la experiencia civilizatoria de siglos que muestra que, en vez de ello, se abre espacio a la arbitrariedad, en una deriva populista y destructiva difícil de detener. Roto el dique de la legalidad, buscarán imponerse otras necesidades que se juzgan equivalentes, pero ahora sin el límite del derecho, escenario donde suele imponerse el más fuerte o el que presiona más. Una de las paradojas de las normas es que, si bien limitan el actuar de las personas e instituciones, ello permite que los fines a los cuales una sociedad aspira puedan ser alcanzados. Si ellas no se respetan no hay progreso posible.

El ejemplo de lo aprobado respecto de las rentas vitalicias, en cuya inconstitucionalidad y carácter expropiatorio han coincidido hasta los más destacados constitucionalistas de la oposición, se constituye en una señal elocuente que trasciende este caso específico: las normas no son capaces de garantizar los derechos. Hoy les toca a ellos, mañana a cualquiera.

Un hecho anecdótico que ha pasado inadvertido en el debate quizás sirva para ilustrar la magnitud de la crisis por la que se atraviesa: el Tribunal Constitucional, luego del estallido de 2019 y por razones de seguridad, tuvo que retirar la placa del edificio que contenía el nombre de la institución, la que hasta hoy no ha sido repuesta.

Cálculos de corto plazo, responsabilidades históricas

La responsabilidad con que han actuado instituciones como el Banco Central y su presidente, Mario Marcel, contrasta con la de otros personeros que podrán sacar algún provecho político de corto o mediano plazo, pero cuyo oportunismo y demagogia serán difíciles de ocultar a cualquiera que quiera estudiar y entender este período. La actuación del senador y excandidato presidencial Alejandro Guillier, que perdió con claridad una segunda vuelta con Sebastián Piñera, es quizás la que mayor perplejidad ha causado. En un inesperado giro al comportamiento republicano que caracterizó su trayectoria, hoy no duda en avanzar en una posible destitución del Presidente por “impedimento físico o mental”.

Las actuaciones de la dirigencia y diputados del Partido Socialista, el Partido Radical y del Partido Demócrata Cristiano —más allá de valiosas declaraciones de algunos de sus parlamentarios—, en orden a estudiar y amenazar con una acusación constitucional sin sustento legal alguno en contra del Presidente, quedarán como una herida difícil de borrar y como un testimonio de lo poco que se ha aprendido de la crisis que terminó con la democracia en los 70. Un frívolo cálculo político, marcado por el temor —evidente en el PS— ante un eventual sorpasso de la izquierda extrema y por la apuesta de capitalizar algo del apoyo ciudadano que generan los retiros previsionales (rédito que por ahora solo ha favorecido a la diputada Pamela Jiles, del Partido Humanista) puede tal vez explicar esta actitud.

En Chile Vamos, una mayoría de parlamentarios y dirigentes prefirió anteponer sus intereses electorales de corto plazo, antes que darles apoyo a su Gobierno y a la institucionalidad. Buscando evitar costos políticos o un mal desempeño electoral, no parecen advertir que con ello ponen en duda el capital más básico de cualquier coalición que aspire a ser una alternativa de gobierno: precisamente, su capacidad de garantizar gobernabilidad. Han sido muchos los errores del Ejecutivo y cuesta entender cuán reiteradamente ha debido terminar cediendo de modo tardío en cuestiones que antes estimó de principios, generando desconcierto y desafección entre los suyos. Nada de ello justifica, sin embargo, la falta de un mínimo sentido de lealtad política evidenciada por esos sectores, por lo demás frecuentemente ensalzados desde las filas opositoras. El caso del precandidato presidencial, exministro de este Gobierno y también expresidente del partido Renovación Nacional es quizás paradigmático.

La actitud del Frente Amplio y sobre todo del Partido Comunista no pudo sorprender a nadie y es coherente con su actuar de los últimos meses. Quizás como imagen quede el mensaje en redes sociales de la diputada del PC Camila Vallejo homenajeando a Lenin, acompañando un texto que recuerda una de las muchas expresiones antidemocráticas del líder soviético. Ello no tendría mayor trascendencia si no fuera porque en estos momentos de crisis institucional, y como muestran las encuestas, son precisamente los sectores y candidaturas radicales los que mejor capitalizan el desorden. El llamado a rodear la Convención y criticar los quorum acordados, no está muy lejos de la actuación del propio líder comunista que en 1918 acabó con la Asamblea Constituyente libremente elegida, para darles fuerza a los denominados soviets que ellos controlaban.

En fin, algunos programas de televisión, y particularmente los matinales, han mostrado su peor cara en este período. Entregados a la superficialidad, al espectáculo y al abuso de la sensibilidad y las necesidades de las personas, temas complejos resultan distorsionados, dando la falsa sensación de que las soluciones son sencillas, que hay recursos ilimitados y que las medidas no tienen consecuencias. Ilustrativo de todos estos despropósitos resulta ver a políticos participando en estos matinales, en que en un pequeño recuadro aparecen siendo reprendidos, humillados y dando explicaciones a los conductores cual si enfrentaran un tribunal popular. Creen que con ello pueden conectar con la gente, sin entender que solo degradan a la política y sus cargos.

Convención Constitucional, un mal augurio

Es en definitiva sorprendente constatar cómo sectores minoritarios, que se excluyeron del acuerdo del 15 de noviembre de 2019 para encauzar la crisis en un proceso constituyente, han tenido la capacidad de terminar una y otra vez imponiendo en el debate público su dinámica de disociación.

A ello ha contribuido, sin duda, el encendido clima de campaña electoral que enfrenta el país. A la inédita elección de constituyentes y de gobernadores, se suman las de alcaldes, concejales, cores, parlamentarios y presidencial, en solo siete meses. Todo esto, en medio de las repercusiones sociales y económicas de la mayor emergencia sanitaria vivida en un siglo.

Se equivocan, sin embargo, aquellos protagonistas del acuerdo del 15 de noviembre que hoy contribuyen frívolamente a esta vorágine de desbordamiento y creen que, doblegado el Gobierno —por sus propios errores y el acoso sin tregua del Congreso—, podrá retomarse sin más el proceso constitucional en marcha. Han sido, de hecho, los sectores autoexcluidos y contrarios a ese acuerdo los que han marcado el tono y la agenda de la discusión pública en este tiempo, y son ellos los que capitalizan la violencia verbal y el clima de descalificación. La falta de valor y responsabilidad cívica de los firmantes del 15 de noviembre para contener las embestidas contra la estabilidad de nuestra democracia son desde ya un pésimo augurio para la labor de la futura Convención.

Negociación postrera

Es en este difícil contexto que se ha iniciado una negociación entre el Gobierno y senadores de la centroizquierda, cuyos alcances aún resultan imprecisos. Las señales de estas horas hacen complejo anticipar cuál será su resultado, así como evaluar lo que en verdad se busca cuando se lanzan exigencias categóricas —como la de que el Ejecutivo retire el requerimiento presentado ante el Tribunal Constitucional— que persisten en consagrar la vulneración de las atribuciones presidenciales y del texto constitucional.

No es la primera vez en este período que el Gobierno se ve obligado a negociar en un ambiente signado por las amenazas, desde las de aquellos que desembozadamente alientan en redes sociales un “estallido 2021”, hasta quienes, de modo más sibilino, insinúan que, si el actual mandatario busca poder concluir con normalidad su período, deberá entonces allanarse a sus requerimientos.

Cabe esperar que, por sobre aquellas lógicas cercanas al chantaje, subsista algún mínimo sentido republicano que contribuya a reencauzar lo que es hoy una desalentadora dinámica política.