Una peligrosa dinámica política se ha desatado luego de la decisión del Presidente de la República de objetar ante el Tribunal Constitucional el proyecto sobre tercer retiro de fondos previsionales. Irresponsablemente, actores de todo el espectro no solo han descalificado con expresiones de grosera demagogia una determinación legítima, sino que parecen empeñados en extremar las tensiones que vive el país, cual si el rédito que pudieran obtener justificara generar un cuadro de aguda inestabilidad. Más aún, a sectores como el PC y la izquierda más dura, que desde octubre de 2019 han venido apostando por esa desestabilización, se ha venido a sumar la actitud de fuerzas de las que se esperaría un mínimo compromiso institucional, hoy lanzadas en maniobras de claro talante rupturista. Esto, mientras destacados dirigentes y parlamentarios de la propia coalición oficialista abdican de su tarea de garantizar gobernabilidad para, en cambio, marcar oportunista distancia de La Moneda, incluso aportando en matinales de televisión diversos argumentos a la ofensiva opositora.

Sintomática de este escenario turbulento ha sido la decisión de la directiva del Partido Socialista de haber encargado a su bancada de diputados estudiar una acusación constitucional contra el Presidente de la República. Con ello, lo que hasta el martes pudo parecer una iniciativa marginal pasó a ser avalada por la colectividad más grande de la oposición, alentando también a voces del PPD y al presidente del Partido Radical. Muestra de lo atrabiliario de este paso, la instrucción de la mesa PS obligó al jefe de su bancada de diputados a cambiar en menos de 24 horas su posición de inicial rechazo a una acusación, dando como burda explicación para el giro que el libelo no cuestionaría la determinación presidencial de recurrir al TC, sino que la supuesta desprotección en que el mandatario habría dejado al pueblo chileno, lo que —según el socialismo— configuraría un “abandono”. En el apuro, incluso, ni siquiera repararon en que el abandono de deberes no es la causal establecida en la Constitución para acusar al Presidente de la República. Se trata de una forma casi eufemística de presentar una acción que a todas luces busca aprovechar políticamente la aparente impopularidad del requerimiento ante el TC, impugnando el simple ejercicio de sus facultades por parte de un jefe de Estado. Pero, además, se insiste en lo que ha pasado a ser un lugar común dentro del libreto de críticas contra la autoridad lanzadas casi desde el momento mismo de la llegada del covid a Chile. En efecto, desde entonces, voces de oposición han cuestionado persistentemente las estrategias sanitarias, ya sea por permisivas o por ahogar en restricciones a las personas, y denunciado la insuficiencia de cualquier programa de ayuda implementado. Ciertamente, es legítimo discrepar de las fórmulas seguidas por el Gobierno y desde estas mismas páginas se han criticado algunas decisiones, pero ¿es mínimamente razonable acusar de desprotección a una autoridad que se adelantó y multiplicó las capacidades del sistema de salud ante la pandemia, logrando evitar un colapso hospitalario, y que ha implementado uno de los más exitosos programas de vacunación en el mundo? ¿Puede hablarse de incumplimiento de deberes cuando el programa de impulso fiscal y de ayudas nos sitúa, por su magnitud, a la vanguardia entre los países emergentes? ¿Puede en justicia afirmarse que llevar el tema de los retiros al TC es dejar en el abandono a los chilenos?

Contrasta ciertamente esa visión con la maciza exposición que el lunes realizara ante la comisión de Constitución del Senado el presidente del Banco Central —designado en ese cargo por la expresidenta Bachelet—, cuando recordó, por ejemplo, que el 62% de los dineros correspondientes a los dos primeros retiros no ha sido aún gastado. O que, sumando los anteriores con un eventual tercer rescate, el 20% más rico acumularía una liquidez de US$ 21 mil millones, recibiendo un beneficio tributario cercano a los US$ 4 mil millones. Pero ello poco parece importar en un contexto de debate público marcado por la farandulización y la explotación morbosa de la emocionalidad.

No es sin embargo una cuestión simplemente técnica la que se juega en estas horas. Ad portas de un proceso constitucional cuyo desarrollo resulta inimaginable sin la búsqueda de entendimientos y la colaboración transversal, es responsabilidad de todos los liderazgos contener y no seguir alentando la dinámica rupturista que, un año y medio después del acuerdo del 15 de noviembre, amenaza nuevamente instalarse. Por lo mismo, en los días que vienen, y más allá de legítimas discrepancias ideológicas, las conductas de cada actor político quedarán, por sobre todo, como una prueba de la sinceridad de su compromiso democrático.