A más de 30 años desde la vuelta a la democracia, preocupa la poca convicción de algunos, el desconocimiento de otros y, sobre todo, el oportunismo y doble estándar de muchos cuando se ven enfrentados a materias vinculadas a la libertad de expresión. Así, quienes hace pocos meses apoyaban un proyecto que castigaba penalmente el denominado “negacionismo”, que implicaba en la práctica entregar al Estado el poder de fijar una verdad oficial, se suman ahora a las críticas —muchas de ellas legítimas— a instituciones y autoridades invocando la defensa de la libertad de expresión. Y es que frente a una garantía básica para el funcionamiento de una democracia, que debiera tener un apoyo transversal, suelen primar criterios de conveniencia personal o política que terminan restringiendo el debate público y empobreciendo la libre circulación de ideas y opiniones. Aquí no caben cálculos pequeños: la defensa de un principio como este debiera ser uno de los sostenes de la nueva institucionalidad que se desea construir.

Por ello y tal como este diario planteara editorialmente ya el año 2019, frente a las graves acusaciones de espionaje a periodistas por parte del Ejército, a las que ahora se agrega la de haber entregado información falsa a la justicia, cabe esperar su esclarecimiento y, en su caso, la determinación de las responsabilidades. Entre las distintas aristas que requieren ser investigadas, especialmente delicadas son las denuncias de violación al secreto profesional que la ley reconoce y resguarda a los periodistas en su trabajo. Preocupa también la formulación de cargos por parte del Consejo Nacional de Televisión en contra de La Red, por la controvertida entrevista a un exfrentista condenado por gravísimos crímenes en Chile y en el extranjero. Más allá de los reparos que puedan hacerse por el pobre trabajo periodístico, en que el entrevistador se deja llevar por el entrevistado, sin contextualizar ni controvertir sus expresiones, es delicado que se acuse a un medio por no haber ejercido la libertad de expresión de manera “pluralista” y por la “carencia de diversidad política” en quienes participaron. El criterio de exigir de esta forma el pluralismo a un medio de comunicación, más aún a un programa concreto, termina afectando la libertad editorial de los medios para fijar sus propios contenidos. Aunque la letra de la ley que regula al Consejo puede prestarse para una interpretación semejante, cabe a este considerar la norma dentro del marco general de la garantía a la libertad de expresión y evitar así interferencias al desarrollo de proyectos periodísticos.

Respecto de la sátira del mismo canal, en que se simulaba una entrevista a un general de Ejército, no hay dudas de que debe considerarse amparada por el ejercicio de la libertad de expresión. Puede comprenderse la molestia del Ejército por lo que consideran un trato injusto que afecta el honor militar —la escena era poco graciosa y se desprendía una intención política de dañar a la institución—; sin embargo, en estas materias tan delicadas, cabe esperar que cualquier respuesta se haga por los conductos regulares del Ministerio de Defensa. No resulta sano para nuestra institucionalidad democrática ni para el propio Ejército el verse envuelto en este tipo de controversias, que dan pie a diversas interpretaciones, realzan el programa al que critican y, en definitiva, generan un ruido político en que es la propia institución la dañada.

Por cierto, nada de lo anterior implica que un programa como este no pueda ser objeto de legítimos cuestionamientos o que la mera formulación de una crítica deba estimarse vulneratoria de la libertad de expresión. Al contrario, el que algunas reacciones políticas así lo hayan sugerido es otra muestra del referido oportunismo con que distintos sectores abordan las cuestiones relacionadas con esta garantía básica.