Si las semanas previas a las elecciones presidenciales en Perú daban cuenta de la incertidumbre sobre los resultados, la votación del domingo vino mostrar por qué, dado el gran número de candidatos y el alto nivel de fragmentación, era imposible predecir con certeza quiénes pasarían a la segunda vuelta. Con 18 aspirantes, la votación se dispersó y los resultados ponían hasta el cierre de esta edición al izquierdista Pedro Castillo, de Perú Libre, y a Keiko Fujimori, de Fuerza Popular, en la cartilla del 6 de junio. Todo indica que entonces los peruanos deberán elegir entre quienes representan polos opuestos del espectro y que obtuvieron, cada uno, menos del 20 por ciento de los votos. Se trata de un escenario de alta incertidumbre, que Chile debe observar con especial interés, tanto por su obvia condición de país vecino, como por lo que revela respecto del funcionamiento de un sistema político en crisis.

Castillo pertenece a la izquierda más radical del Perú. Ganó los votos del centro y sur, bastiones de ese sector. Su programa incluye una Asamblea Constituyente y en sus discursos de campaña abogó por la nacionalización de los recursos mineros, entre otras “áreas estratégicas”; salirse de la Alianza del Pacífico y del Grupo de Lima, y revisar la política inmigratoria. Admirador del “socialismo del siglo XXI”, durante la campaña recibió el respaldo de Evo Morales, y si bien él niega ser cercano a Sendero Luminoso, ha estado apoyado por un movimiento que pide la liberación de Abimael Guzmán. Su partido fue fundado por Vladimir Cerrón, un dirigente de Junín, condenado en 2019 por corrupción. Tanto por su programa y estilo populista como por su entorno, Castillo no parece dar garantías de estabilidad económica ni democrática; con la que probablemente será la bancada más grande, pero sin mayoría en el Congreso, tampoco tendría fácil la gobernabilidad.

En las antípodas aparece Keiko Fujimori, que pasa por tercera vez al balotaje. La hija del expresidente preso, al que prometió indultar si gana las elecciones, se presenta con un programa de libre mercado y promete mantener la estabilidad económica. Su punto débil es su liderazgo, que crea desconfianza, y los casos de corrupción por los que es investigada.

Con todo, estas son las polarizadas alternativas que se les presentan a los peruanos. Ambos contendores deberían ahora buscar atraer el voto de centro, y para ello, moderar sus mensajes originales. Para Castillo, derribar el temor a que un gobierno suyo se alinee con el chavismo aparece como su primera tarea. Ollanta Humala logró hacerlo en 2011, pero antes se comprometió a seguir una hoja de ruta distinta a su plan original, la que cumplió. No parece el caso del candidato de Perú Libre: su compañera de fórmula ya anunció que no cambiarán su programa, a pesar de que Castillo convocó a dialogar a sus exrivales.

En el caso de Keiko Fujimori, si bien en el plano económico está cerca de varios de los candidatos que la siguen en los resultados, el resquemor a su liderazgo, inevitablemente unido a la figura de su padre, y los casos de corrupción por los que es investigada hacen difícil —si bien no imposible— que logre una alianza amplia que le permita ganar y luego gobernar. Esto último será en realidad un reto para cualquiera de los dos que sea elegido, por la atomización de un Congreso que, con una decena de partidos, tiene la atribución de aprobar y derribar los gabinetes.

Perú atraviesa tiempos difíciles, con la pandemia en plena expansión, servicios de salud deficientes y un difícil escenario económico. Las elecciones debieran ser un proceso que eleve las expectativas, pero para los peruanos estas traen hoy más incertidumbre que certezas. Con un sistema político y de partidos altamente fragmentado, que genera parlamentos sin mayorías claras y líderes y caudillos débiles, pero con el poder de obstruir y echar abajo gobiernos, la persistencia de la inestabilidad política de los últimos años no es, lamentablemente, una hipótesis descartable. Cuando Chile se apronta a iniciar un proceso constitucional y se discute cómo mejorar nuestro régimen político, el caso peruano amerita especial atención, al mostrar cómo un sistema que, en teoría, debería incentivar la cooperación entre los poderes Ejecutivo y Legislativo, ha devenido, en los hechos, en un factor agudizador de los conflictos.