Señor Director:

En las últimas semanas, hemos escuchado a políticos que promueven una renta básica universal o bonos universales como solución definitiva a las supuestamente “tardías” y “burocráticas” ayudas monetarias que ha desplegado el Gobierno. Se asegura que eliminando la elegibilidad en transferencias se podrá llegar a más personas y con mayor rapidez, lo que es un error conceptual y práctico. Amén de que la universalidad en este caso es un discutible caso de justicia distributiva (¿no es acaso correcto que quien necesita más ayuda reciba más que quien no la necesita?). El argumento de universalidad/rapidez confunde las cosas.

Previo a la entrega de beneficios, el Estado necesita, por ejemplo, saber como mínimo dónde y a quién entregar el dinero (a qué cuenta, RUT o cuenta corriente), cuántas personas viven en cada hogar, etcétera. Se trata de información que debe ser construida y cuya elaboración no es inmediata, desafíos que justamente enfrentaron las ayudas monetarias estatales en los primeros meses, debido a la necesidad de recopilar información inexistente sobre millones de compatriotas. A la masividad de la información frente a un shock de la envergadura que hemos enfrentado, se suma el desafío de navegar una burocracia, del Estado y de los municipios, que no estaba preparada para tal situación y que resulta aún más limitativa cuando el Estado opera con una fracción de su dotación.

Una sana discusión pública requiere no caer en simplificaciones burdas que terminen desinformando a la ciudadanía y a los conductores de matinales. Llegar más rápido no depende de si el beneficio es universal o no.

Rafael Sánchez F.
Francisca Dussaillant L.