Chile tiene que avanzar hacia un nuevo pacto social, fruto del diálogo abierto con todos: empresarios, trabajadores, comunidades locales, pueblos originarios, iglesias, universidades, en fin; con la gran pluralidad de actores que conviven en el seno de nuestra sociedad.

Para lograrlo, el proceso constitucional es necesario, pero no suficiente. La nueva Constitución servirá de fundamento simbólico y marco común de unidad nacional para todos los sectores republicanos y democráticos, en la precisa medida en que sus disposiciones posibiliten este nuevo entendimiento. Sin embargo, se han de emprender además urgentes reformas sociales y económicas, así como llevar a cabo una profunda conversación sobre la forma en que nos relacionamos en las distintas áreas de la vida en común.

Sabemos que las chilenas y chilenos pasamos mucho más tiempo en los lugares de trabajo que con nuestras propias familias. Sabemos también que nos relacionamos con las empresas no solo como trabajadores, sino también como consumidores y ciudadanos, especialmente en los territorios donde ellas funcionan. Las empresas son espacios productivos, fuente de empleos formales y de seguridad social, ámbito de desarrollo personal, laboral y social, pero ellas también han sido el escenario de relaciones abusivas.

Tenemos la convicción de que debemos apuntar a equilibrar la relación de las empresas respecto de los trabajadores, los consumidores y los territorios, volviendo su labor más sustentable, no solo en términos sociales y ambientales, sino también económicos. Todo esto requiere dotar de mayor poder a las organizaciones de la sociedad civil y fomentarlas allá donde no existan o ellas sean débiles. En esa misma dirección, debemos transitar hacia una mayor colaboración entre las empresas y los trabajadores, fortaleciendo a las organizaciones de trabajadores e incorporándolas orgánicamente en sus respectivas empresas, incentivando decisivamente su participación en la gestión, propiedad y utilidades de ellas.

Hoy en día hay tensiones graves no resueltas y que guardan relación con la desvinculación y creciente oposición entre la dirección de las empresas y los trabajadores, lo que repercute en la legitimidad de todo el sistema. En 2018, antes del estallido social, la encuesta Bicentenario-UC mostraba que cerca de la mitad de la ciudadanía consideraba que existía un gran conflicto entre empresarios y trabajadores. La semana pasada se dio a conocer un estudio del COES, liderado por Jorge Atria y Cristóbal Rovira, que muestra que esta opinión es compartida por apenas el 8% de la élite económica. El desajuste es palmario.

Las tensiones entre esos dos mundos son inevitables, pero fortaleciendo las instancias de diálogo, podremos advertirlas a tiempo y encauzarlas por caminos pacíficos de resolución de controversias. El diálogo y cooperación a escalas menores permite que los conflictos no escalen al punto de alcanzar una magnitud imposible de abordar. Por eso, avanzar hacia formas más colaborativas entre el capital y el trabajo, formas que propendan a un mayor compromiso común al interior de las empresas, redundará en una mayor estabilidad y un aumento de la productividad.

Iniciativas como la cogestión o la implementada recientemente en la empresa Friosur no son propuestas revolucionarias. De diversas maneras, ellas son medidas aplicadas en muchos países capitalistas y han constituido un punto de encuentro entre socialdemócratas, socialcristianos, conservadores y liberales en la construcción de auténticas economías sociales de mercado provistas de legitimidad política.

Chile no es Alemania o Noruega; y estos países tampoco son los mismos de hace 40 o 100 años. Por esto mismo, sería un gran error importar irreflexivamente una fórmula foránea y extemporánea. Debemos encontrar mecanismos de participación que se ajusten a la realidad chilena concreta y a la importancia que, en cada empresa, tienen el capital, el trabajo y la organización. El diseño de esos mecanismos debe ser el fruto de acuerdos consensuados, en sus fines y alcances, entre los empresarios y los trabajadores. Por ese camino debemos buscar también integrar eficazmente a las mujeres, tanto en la dirección de las empresas como en la dirección de las organizaciones de trabajadores.

No le tengamos miedo a abrir la puerta a la participación, la que es propia de sociedades que avanzan en la profundización de sus democracias. Solo fortaleciendo la integración lograremos mayor cohesión social y, con ella, la confianza necesaria para avanzar republicanamente hacia mayores niveles de encuentro y bienestar.

Mario Desbordes Jiménez
Candidato Presidencial RN-PRI

Andrés Biehl Lundberg
Doctor en Sociología de la Universidad de Oxford

Hugo Herrera Arellano
Doctor en Filosofía de la U. de Würzburg

Carmen Miranda Aravena
Germán Vera Concha
Doctor en Economía de la Universidad de Oxford