En todo el mundo, el recrudecimiento de la pandemia y sus efectos en la saturación del sistema sanitario han llevado a la implementación de nuevas y estrictas medidas orientadas a limitar la movilidad y a lograr por esa vía una reducción de los contagios. También en Chile, la reciente imposición de restricciones para impedir la comercialización de bienes y servicios estimados “no esenciales” responde a un intento por reducir el desplazamiento de los trabajadores que participan de su cadena logística, incluyendo bodegaje, apertura de locales y reparto domiciliario. No es evidente, sin embargo, la contribución de esta medida al objetivo buscado y en cambio su materialización supone una grave afectación de derechos, así como un daño directo e injusto a miles de emprendedores. Por ello, en el contexto de lo que ha sido un manejo difícil y complejo, pero en general acertado de la emergencia sanitaria, este paso emerge como un lamentable error no forzado.

Desde luego llama la atención la no consideración de experiencias similares en el mundo. En Francia, España y el Reino Unido, por ejemplo, el fuerte rechazo a la idea por parte de las empresas y de los consumidores derivó en su revisión y en la flexibilización de sus disposiciones. En nuestro país, ya los primeros días de vigencia de la norma han generado importante confusión, que la autoridad ha tratado de despejar mediante un instructivo que intenta delimitar sus alcances. Equivocado sería, sin embargo, no advertir que los problemas que acarrea una medida así no responden solo a una cuestión de implementación, sino que arrancan de su propia concepción, fundada en el supuesto de que una autoridad centralizada pueda, por sí, determinar lo que es esencial para una población, desconociendo que esa definición responde a circunstancias particulares y propias de cada consumidor. Frente a esa dificultad de origen, la autoridad estableció inicialmente, de modo escueto, que entrarían en la categoría aquellos productos imprescindibles para la subsistencia, el teletrabajo, la educación remota y el mantenimiento y la seguridad del hogar, comprometiendo especificarlos en un listado cuyo anuncio vino a concretarse el martes en la noche. Así, finalmente, el Ejecutivo delimitó 19 categorías de bienes —incluyendo alimentos y bebestibles, medicamentos, artículos para el hogar, productos electrónicos e implementos de oficina, entre otros— cuya comercialización estaría autorizada. La extensión y, en algunos casos, la incoherencia entre las categorías establecidas son el resultado inevitable de una medida de esta naturaleza.

Particular atención amerita el daño infligido al mundo del emprendimiento. La arbitraria decisión del Estado de definir qué tipo de productos y servicios pueden ser comercializados tiene un impacto concreto sobre quienes ofrecen o venden tales bienes. Por de pronto, la Cámara de Comercio de Santiago ha estimado que al menos 120 mil empresas, con 600 mil trabajadores, se verán afectadas. Más aún, se ha sentado aquí un grave precedente en contra del libre funcionamiento y de la sostenibilidad de las empresas, particularmente de las pymes. La inconformidad de esos sectores frente a normativas que parecen condenar una actividad que ya ha sufrido graves daños durante el último año y medio es justificada. Por lo mismo, cabe abogar por la transitoriedad de la medida, al tiempo que avanzar en instrumentos de protección de los pequeños empresarios que permitan activar la economía. Queda también abierta la discusión respecto de potenciales compensaciones.

Es innegable que el debilitamiento sanitario demandaba la adopción de estrategias de contención capaces de evitar el colapso del sistema de salud. Tampoco se puede desconocer la necesidad de concientizar con urgencia a la población respecto de las complejidades del momento que se vive. No obstante, el apuro y la improvisación de medidas de dudoso sustento técnico pueden no solo conspirar contra el objetivo buscado, sino que además contribuir al debilitamiento del marco económico, junto con afectar las posibilidades de consumo de una población ya sometida a duras restricciones.