Desde antes del estallido social y la pandemia, el modelo de crecimiento chileno estaba mostrando claros síntomas de agotamiento. Este agotamiento tiene sus expresiones más directamente observables en la incapacidad de la matriz exportadora de superar su carácter extractivo y de bajo valor añadido, en el estancamiento de la productividad a partir de fines de los 90, y en la profunda fractura productiva entre la gran empresa exportadora y el amplio tejido de pequeñas y medianas empresas —formales e informales—, donde se concentra la mayoría de la fuerza laboral.

Aquí nos enfrentamos a dos problemas. Por un lado, el patrón exportador tal cual está resulta insostenible debido a sus rendimientos decrecientes (deterioro de biomasa marina, caída en leyes de yacimientos de cobre, etcétera) e insustentable, como se evidencia en las diversas zonas de sacrificio a lo largo del país (Coronel, Huasco, Mejillones, Tocopilla, Quintero-Puchuncaví, por nombrar algunas). Por otro, la fractura productiva presiona a mayores desigualdades y a tener capacidades productivas completamente desaprovechadas.

En buenas cuentas, este modelo de crecimiento no distribuye, no complejiza y tampoco posee su capacidad de antaño de crear riqueza.

Sin embargo, esta realidad no tiene por qué ser así, no es un fenómeno “natural”, sino el resultado de decisiones políticas pasadas que configuraron (incluso constitucionalmente) un Estado neutral y sin herramientas para poder intervenir estratégicamente en la matriz productiva, tal como lo han hecho la mayoría de los países que, durante el siglo XX, consolidaron un desarrollo con igualdad social.

Aquí hace falta más pragmatismo y menos prejuicios ideológicos. En materia financiera, proponemos la creación de una Banca Nacional para el Desarrollo desde el Estado —como tienen Alemania, Brasil, China, etcétera— que pueda estimular vía créditos nuevas inversiones clave para un tipo de crecimiento diferente. En efecto, los sectores de energías renovables (como el hidrógeno verde o la energía eólica) requieren de capitales que les permitan erigirse como nuevas fuentes de empleo y dinamismo sostenible, y el Banco puede ser un eficiente catalizador.

Pero no es lo único. Podemos también aprender del caso de Finlandia con Solidium o Francia con BPIfrance, para pensar en nuevas funciones prodesarrollo para el fondo soberano, de forma que utilice su capacidad financiera para invertir en empresas nacionales con potencial exportador en sectores con mayor contenido tecnológico, donde el Estado comparta el riesgo y también se haga parte de las ganancias. Ambas instituciones —banca del desarrollo y fondo soberano— son instrumentos disponibles para una política industrial posible.
En minería, aún el pilar de nuestro crecimiento, es urgente una nueva arquitectura pública que, tal como nos ha enseñado Noruega con su gestión del petróleo, por un lado aumente la recaudación vía mayores impuestos y, por otro, erija normas que condicionen inversiones a establecer encadenamientos productivos con capitales nacionales, de forma que las ganancias de la minería estimulen un desarrollo regional descentralizado y distribuyan rentas a la sociedad.

Estas medidas deben ser parte de un plan de desarrollo de largo plazo que sea el resultado de un diálogo social. Finlandia en los 80 erigió el Consejo de Política Científica y Tecnológica, que reúne representantes de la industria, rectores de universidades y representantes de centros públicos de subsidio a la innovación (Tekes y Sitra) para coordinar una estrategia de crecimiento que lograra que su economía —especializada en productos forestales— pasara a nuevas áreas intensivas en tecnología (como fueron luego las telecomunicaciones). Esta estrategia tuvo como fundamento la gran reforma educacional de 1968 que aseguró una educación pública y gratuita, sin la cual el salto hacia las telecomunicaciones hubiera sido imposible. Esta serie de políticas coordinadas y planeadas se hicieron cuando el país tenía un ingreso per cápita considerablemente inferior al de Chile hoy.

El asunto no es, por supuesto, trasplantar mecánicamente estas experiencias a nuestra realidad. Hoy enfrentamos desafíos que nos obligan a pensar en mecanismos para democratizar las ciencias y la tecnología, entendiéndolas como bienes comunes, y desarrollar una política de investigación y desarrollo con perspectiva de género. En economía, como en la política, hay que pensar sin calco ni copia, como diría Mariátegui; y la experiencia nos demuestra que, si queremos un desarrollo integral que vaya más allá de la economía, necesitamos de una creatividad institucional que supere los estrechos límites del Estado subsidiario y su anclaje constitucional.

Gabriel Boric Font
Diputado y Candidato Presidencial

José Miguel Ahumada
Profesor Instituto de Estudios Internacionales, Universidad de Chile