La tramitación de la reforma constitucional que disponía la postergación de las elecciones no estuvo exenta de sorpresas y dificultades. La más llamativa, que no alcanzó la votación necesaria para ser aprobada, fue producto de la iniciativa de la senadora Isabel Allende (PS) y el senador DC Francisco Huenchumilla, con la cual se buscaba prohibir la participación de los candidatos en radio y televisión durante la suspensión de la campaña electoral, esto es, desde la publicación de la ley hasta el 29 de abril. Es un nuevo intento de inmiscuirse en las pautas de trabajo de los medios de comunicación que, aunque de alcances limitados en el tiempo, habría constituido un grave precedente en contra de la libertad de prensa.

Dicha libertad es fundamental para poder dar cumplimiento efectivo a todos los otros derechos básicos de la persona. Por ello, su promoción y defensa constituyen uno de los objetivos principales de todas las organizaciones internacionales que defienden los derechos humanos. Si no se mantiene un respeto irrestricto por asegurar que los medios de comunicación puedan definir libremente sus líneas editoriales, bien podría llegarse a suprimir ciertas informaciones y puntos de vista, lo que podría llevar a distorsiones que son susceptibles de ser manipuladas por la autoridad. En varios países de la región ha habido intentos por controlar a la prensa por parte de los gobiernos y en todos aquellos en que se ha conseguido hacerlo, se ha procedido en forma sutil, gradual, prohibiendo algunas informaciones por tiempos acotados. Luego, viene el paso siguiente y poco a poco una sociedad va perdiendo el derecho a expresarse libremente, comprometiéndose así el libre ejercicio de pensar sin barreras.

En Chile no puede afirmarse que exista un plan de limitar a la prensa, pero resulta sugerente que se hayan ido aprobando distintas disposiciones que, lejos de asegurar la diseminación de información, más bien tienden a obstaculizarla. En esa línea se inscribe la prohibición de dar a conocer los resultados de las encuestas antes de los procesos eleccionarios o los intentos por castigar lo que se ha dado en llamar “negacionismo” respecto de ciertas etapas históricas, cuyas definiciones no encierran otra cosa que la pretensión de instalar verdades oficiales al servicio de los intereses políticos de algunos grupos. No es del todo extraño que sea el Congreso el lugar de origen de estas ideas, muchas de las cuales apuntan a proteger sus propias actividades del adecuado escrutinio público o a imponer, clausurando artificialmente el debate, los puntos de vista de quienes puedan tener transitorias mayorías. Desde hace ya un tiempo la ciudadanía observa el intento de sectores políticos por legislar privilegiando sus intereses e inquietudes, llegando a actuar, según cuestionan distintos observadores, como jueces y partes, fijándose las reglas de su quehacer. Pero los parlamentarios no debieran olvidar lo ocurrido en el plebiscito de octubre, cuando un 80 por ciento de los votantes prefirió dejarlos a ellos al margen de la redacción de la nueva Constitución. Interpretar este resultado no debiera ser difícil, pues indica un grado de menor confianza en sus representantes del que ellos creen merecer.

Los proyectos de ley suelen tener variados objetivos y la mayoría no llegan a convertirse en leyes. No obstante, el hecho de que la mitad de quienes votaron este proyecto el lunes en la sala del Senado no advierta los posibles efectos negativos de una propuesta semejante debiera ser motivo de inquietud para todo el país. Defender la libertad de prensa y de expresión no es tarea de los periodistas o de los medios de comunicación únicamente, sino de toda la ciudadanía, cuyas posibilidades de informarse, para no decir nada de sus posibilidades de comunicar sus ideas, pueden llegar a quedar seriamente limitadas en el futuro.