Entre muchos ámbitos involucrados, las medidas implementadas por la autoridad sanitaria a partir de esta semana para controlar la expansión del covid-19 han significado un aumento en las restricciones a la comercialización de bienes y servicios. Para establecer estas se ha recurrido al discutible concepto de “bienes esenciales”, cuya vaguedad ha quedado evidenciada en la demora de las propias autoridades en dar a conocer un anunciado listado de aquellos. Sí se ha señalado, en líneas generales, que los supermercados y tiendas especializadas solo podrán vender alimentos, medicamentos, artículos de aseo e higiene, y elementos necesarios para el teletrabajo, la educación a distancia y la seguridad del inmueble. Se trata de una decisión altamente distorsionadora, de compleja implementación y que refleja una lógica de control estatal de preocupantes implicancias, sin una justificación sanitaria que resulte clara.

Desde luego, la determinación centralizada de lo que podrían estimarse bienes esenciales supone siempre un margen de arbitrariedad que recuerda antiguas y superadas concepciones, según las cuales una burocracia estatal estaría en condiciones de definir lo que es o no es importante para la población. La historia ha demostrado con largueza la falacia de tal pretensión, incapaz de ponderar la inmensa diversidad de necesidades y las distintas valoraciones de ellas por parte de los diferentes miembros de una sociedad. Así, por ejemplo, en esta época del año, la compra de ropa puede ser para una familia con niños pequeños tan esencial como lo es la adquisición de frazadas para un grupo de adultos mayores; pues bien, ninguno de estos bienes se consideraría esencial de acuerdo con las definiciones que ha dado la autoridad. En cambio, la compra de cerveza en un supermercado sí se encuentra permitida.

Las medidas preventivas frente a la pandemia no debieran restringir el acceso a bienes y servicios de alta necesidad, y cuya compra no guarda relación directa con el riesgo sanitario. Lo contrario supone terminar imponiendo una lógica que limita arbitrariamente el quehacer de las personas. En efecto, muchas grandes tiendas por departamento y también emprendimientos pequeños —algunos de ellos surgidos durante esta crisis y que han permitido a diversas familias poder sobrellevar la pérdida de sus fuentes de trabajo— podrían mantener abiertas opciones de reparto a domicilio sobre una gama mucho más amplia de productos, sin por eso poner en riesgo la salud de sus trabajadores o clientes.

Lo anterior resulta especialmente claro al constatar que muchos de los artículos considerados no esenciales, y cuya venta está prohibida, se pueden comprar habitualmente en los mismos supermercados o grandes tiendas donde pueden adquirirse los así llamados “esenciales”. Las imágenes de pijamas infantiles sujetos a prohibición de venta en los supermercados son reflejo de una situación con alcances absurdos. Parece necesario, en la grave situación de salud que hoy se vive, lograr una reducción sustantiva de la movilidad y ello puede justificar muchas de las medidas implementadas a partir de ayer en diversos ámbitos, frente a las cuales corresponde a la ciudadanía una actitud de cumplimiento y colaboración. Con todo, en el caso de esta discutible diferenciación que se ha buscado establecer, no se advierte una clara eficacia sanitaria en los anuncios. Incluso, podría estimarse que algunas de las prohibiciones podrían estar buscando nivelar la situación entre los pequeños negocios dedicados a rubros considerados “no esenciales” y los grandes supermercados. Ello no hace sino revelar aún más lo discutible de esta clasificación que, por una parte, castiga a pequeños emprendedores, impidiéndoles funcionar, y, por otra, daña a los consumidores al cerrarles toda posibilidad de acceder a esos bienes.

La fuerte presión con que hoy se encuentra funcionando el sistema de salud y el riesgo de llegar a una situación de colapso obligan a la autoridad a adoptar medidas que en otras circunstancias serían inaceptables. Pero aun en estas circunstancias tales limitaciones deben tener un fundamento sólido, como el que justifica, por ejemplo, restringir las reuniones masivas de personas o las actividades económicas altamente intensivas en contacto social. Cuando ese fundamento no parece claro, el resultado son medidas que a su alto costo social suman —como se ha observado en estas horas— una muy difícil implementación y control, lo que finalmente las torna ineficaces.