A la luz de la discusión política del momento, el alto costo que supone la estrategia parlamentaria de recurrir a los fondos de pensiones como medidas de apoyo frente a la emergencia se observa lejano. Sin embargo, más temprano que tarde, el reconocimiento del verdadero impacto económico —y también social— de los dos retiros ya efectuados se hará sentir con fuerza. No solo lo internalizarán los ciudadanos al constatar cómo la merma en el ahorro previsional afectará sus pensiones, sino que además se observará el efecto agregado de un retroceso en el mercado de capitales para una economía que necesita con urgencia reencontrarse con la senda de crecimiento.

Los dos retiros aprobados en 2020 significaron una reducción de casi 35 mil millones de dólares en las cuentas individuales de las personas. Desde un punto de vista presupuestario, y más allá de las irresponsables retóricas parlamentarias, Chile simplemente no tendrá durante la próxima década la capacidad de recobrar tales recursos. Afortunadamente —como era obvio de anticipar—, las cifras indican que al menos un 50 por ciento de los retiros han sido ahorrados por las personas (de acuerdo al Banco Central, un equivalente al 7% del PIB). Probablemente esto se produjo entre los grupos más acomodados, lo que confirmaría la regresividad de estas iniciativas.

Por cierto, la primera responsabilidad en lo ocurrido corresponde a los legisladores que han impulsado y aprobado estos proyectos. Aun así, es necesario advertir las graves fallas del Ejecutivo en su manejo del tema durante el año pasado, dejando avanzar y promulgando con rapidez la reforma que permitió el primer retiro, pese a su evidente inconstitucionalidad. Luego, cuando se discutía el segundo giro, y en una arriesgada estrategia, el Gobierno presentó su propio proyecto, para luego impugnar ante el Tribunal Constitucional el que habían elaborado los diputados. Con ello —al precio de validar el mecanismo del retiro de fondos— consiguió un pronunciamiento explícito del TC ratificando que en estas materias la iniciativa solo corresponde al Ejecutivo y objetando el resquicio usado por los congresistas para eludir esa disposición agregando artículos transitorios a la Carta Fundamental.

Contrario a lo que la autoridad preveía, tal pronunciamiento no parece haber detenido el ánimo de los parlamentarios para repetir este nefasto camino. La insistencia por un tercer retiro así lo demuestra, al tiempo que se evalúan fórmulas para intentar eludir ahora la objeción del TC. Frente a tal empeño por seguir erosionando el sistema de cuentas individuales sin internalizar los costos para las personas y para la economía en general, no se visualiza una estrategia clara y eficaz del Gobierno. No es suficiente criticar una medida que suma adeptos mientras se observa su avance, ni tampoco intentar competir a partir de baterías de complejas propuestas que cuesta incluso comunicar a la ciudadanía. En definitiva, en una materia así, no es posible evadir la responsabilidad de hacer respetar la institucionalidad, cuando ya tres millones de personas que han quedado sin ahorros previsionales pagarán el costo del incumplimiento de las normas que entregan en esta materia la iniciativa al Presidente de la República.

Por lo anterior, cabe esperar del Gobierno una estrategia proactiva, que no se limite a esperar, sin adoptar acciones que se anticipen al avance de la discusión. Al contrario, la decisión de recurrir al Tribunal Constitucional para detener el progresivo desmantelamiento del sistema previsional resulta urgente y no debiera dilatarse.