Resulta desconcertante la manera en que se ha llevado el debate respecto de aumentar la tributación específica de la minería. Aunque muchos diputados opositores reconocen la inconstitucionalidad de ese proyecto, lo han votado favorablemente —a lo que se sumaron también 12 de sus colegas oficialistas— para presionar al Gobierno. Esta manera de proceder —cada vez más recurrente— debilita el Estado de Derecho y tensiona la institucionalidad. Es legítimo, en efecto, promover una discusión sobre cuestiones tributarias, pero no lo es intentar hacerlo violentando los procedimientos que la Constitución establece y que entregan al Ejecutivo la iniciativa en estas materias.

Respecto del fondo del debate, parece lamentablemente dominado por ciertos eslóganes. La justificación teórica de un impuesto específico es clara, toda vez que la minería privada se beneficia de un recurso escaso —el mineral— que pertenece al Estado, tal como lo establecen las disposiciones constitucionales vigentes. Diferente, sin embargo, es la discusión sobre el tamaño y diseño del impuesto a cobrarse. Este, junto con asegurar que una parte de las rentas de la minería llegue a las arcas fiscales, debiera al mismo tiempo incentivar la inversión en el sector, altamente intensivo en capital y de también alta incertidumbre en las primeras etapas de desarrollo de los proyectos.

Por ello, el fundamento conceptual de un impuesto específico no debe entenderse como una justificación para sostener niveles de tributación que terminen constituyendo un desincentivo a invertir. En ese sentido, si se observa la situación internacional, las tasas aplicadas en Chile —que superan en régimen el 40%— se situarían entre las más altas del mundo. Si las tasas efectivamente pagadas son sin embargo menores, es porque los márgenes de las empresas no son tan altos como consecuencia de fuertes costos, y también porque algunas se encuentran protegidas por contratos de invariabilidad tributaria que Chile firmó en el pasado, precisamente para promover la inversión en minería. Nada de ello implica que el régimen general sea inadecuado.

El punto abre en todo caso un importante elemento a considerar en este debate: la necesidad de una mayor transparencia respecto de las cifras de tributación minera efectiva. Ejemplo de las dificultades que hoy existen para una discusión razonada: solo en los últimos días, mientras un grupo de asesores de una candidatura presidencial opositora insistía en que la tributación efectiva del sector es cercana al 32%, otros destacados académicos han argumentado que la recaudación respecto de algunas empresas mineras, luego de las modificaciones que entraron en vigencia en 2017, superó en los últimos años el 40%. A su vez, autoridades del Ministerio de Hacienda han hecho ver que, a los precios actuales, la tributación efectiva podría rondar el 37%, mientras que con precios cercanos a 4,5 dólares la libra bordearía su máximo.