La magnitud del esfuerzo fiscal en respuesta a la crisis continúa aumentando. Con más de 50 medidas de apoyo implementadas desde la llegada de la pandemia, el gasto ejecutado hasta la fecha asciende a los US$ 8.160 millones. Solo en transferencias directas (bonos y prestaciones) el Estado ha destinado US$ 6.170 millones. No obstante, el empeoramiento del escenario sanitario y la adopción de medidas de confinamiento masivo han llevado al lanzamiento de un nuevo plan de apoyo fiscal.

En detalle, el paquete incluye la extensión del Ingreso Familiar de Emergencia hasta junio y un monto adicional según el tiempo de confinamiento de los hogares —$60 mil por un día de cuarentena y $100 mil por más de 14 días—. Asimismo, aumenta los montos del Bono Clase Media desde $400 mil a $500 mil para personas cuyos ingresos se hubieran reducido en un 20%, y supone un incremento extra de $125 mil según la composición del hogar. La obligación de demostrar la disminución de rentas no se aplicaría a las personas con ingresos inferiores a $408 mil. Además, para quienes hubieran visto reducidos sus ingresos en un 10%, se crea un préstamo sin intereses, con un año de gracia y cuatro años de plazo, que podrá ser solicitado hasta tres veces, con un máximo de $650 mil por vez. El diseño de esta última medida hace pensar que no solo la devolución será limitada, sino que además generará incentivos para evitar un contrato de trabajo formal.

La propuesta también fortalece el seguro de cesantía, permitiendo a los desempleados y a los acogidos a la Ley de Protección al Empleo volver a acceder al monto máximo del beneficio (70% del salario). En paralelo, extiende el subsidio Protege por tres meses adicionales y crea una contribución a la formalización del empleo, de pago directo al trabajador, por un monto equivalente al 15% del salario mínimo (20% para mujeres, menores de 18 años y personas con discapacidad) durante un período de seis meses. En apoyo a las pymes, simplifica el acceso a los subsidios de emprendimiento, permite a los municipios prorrogar el pago de las patentes y autoriza la postergación de hasta tres cuotas de los créditos comerciales de BancoEstado a tasa cero. Finalmente, se prevé la entrega de US$ 300 millones adicionales para el fortalecimiento de la Red Salud.

El nuevo paquete fiscal anunciado por el Presidente Piñera movilizaría recursos por un monto superior a los US$ 7 mil millones, adicionales a los US$ 12 mil millones comprometidos inicialmente en el Fondo de Emergencia Transitorio. El financiamiento vendría de los recursos asociados al aumento del precio del cobre, y de la utilización de los ahorros del Fondo de Estabilización Económico y Social (FEES). De este modo —y sin una evaluación de los millonarios desembolsos fiscales ya realizados—, Chile continúa apostando por transferencias que, de prolongarse en el tiempo, arriesgan distorsionar por años el mercado laboral. Es de esperar, en cualquier caso, que este nuevo esfuerzo llegue a las personas que realmente han sido afectadas económicamente por la pandemia.

Desde otra perspectiva, cabe advertir que este paquete de ayuda resulta tan ambicioso como confusa ha sido su presentación. En efecto, aunque su magnitud agrega nueva presión sobre las ya alicaídas finanzas públicas, será inevitablemente comparado con la batería de propuestas excesivas que viene impulsando transversalmente la clase política durante el último año, incluyendo el persistente desmantelamiento del sistema de pensiones vía retiros de fondos. En esa comparación, el anuncio presidencial aparece como un largo listado de medidas de difícil comprensión y cuantificación para una ciudadanía que —efecto de la referida dinámica política— tiende a evaluar los esfuerzos del Estado solo en función de los recursos recibidos individualmente, sin reparar en los costos de largo plazo.

La situación es preocupante. Standard & Poor's rebajó esta semana un nivel la clasificación crediticia de Chile. Nuestros persistentes y altos déficits explican la decisión. En un año de elecciones, con una administración que desde 2019 no logra contener la presión por más gasto, nada parece poner trabas a esa espiral. La pandemia es un fenómeno único, pero los déficits son una historia conocida en nuestra región: sabemos cómo parte, pero también —y lamentablemente— cómo suele terminar.