Distintas propuestas para mejorar el sistema de pensiones ha formulado la Asociación de AFP, liderada por su nueva presidenta, Alejandra Cox. En particular, ha planteado, por una parte, avanzar hacia una pensión mínima universal “generosa” y, por otra, devolver los montos ahorrados al momento de la jubilación si estos son demasiado bajos. Así, mientras que la reforma del Gobierno busca ampliar la cobertura del Pilar Solidario desde el 60% al 80% de los hogares más vulnerables, las AFP proponen ampliarla al 100%. Con ello, todos los hogares tendrían una pensión asegurada, al tiempo que los fondos acumulados en la cuenta individual permitirían a las personas que ahorran ver incrementados sus recursos disponibles para la vejez.

Hasta ahora, parte importante de la preocupación en el debate previsional se ha enfocado en el manejo de los fondos por parte de las AFP, que ha sido sin embargo reconocido como exitoso por los expertos. Vinculado con ello, el núcleo de la discusión política hoy apunta al tamaño y forma de financiamiento de un fondo solidario, ya sea con impuestos generales o destinando a él una parte de las cotizaciones individuales. En la práctica, esas discusiones han ido desviando la atención respecto de los problemas de fondo que explican los insatisfactorios montos de las pensiones: baja tasa de cotización, extensas lagunas previsionales, aumentos en la expectativa de vida y —en menor medida— falta de competencia en el sector. Sobre estos puntos, las propuestas son escasas.

En cuanto a la iniciativa planteada por la Asociación de AFP, cabe advertir que, aunque no esté formalizado, el Pilar Solidario funciona en Chile con características similares a la idea de una pensión universal, como ha sido reconocido por los expertos en pensiones de la OCDE. La propuesta del Gobierno de ampliarlo al 80% de las personas de menores ingresos permitiría que, ya sea como consecuencia de una transferencia fiscal o de ahorros previsionales, en la práctica casi todos los jubilados reciban una pensión mínima similar a la línea de la pobreza, que es algo superior a los 170 mil pesos mensuales.

La universalización de las pensiones solidarias y el aumento relevante en los montos entregados, como ha propuesto el gremio de las administradoras de fondos previsionales, podrían ser positivos para asegurar un piso aún mayor. Sin embargo, las implicancias fiscales y sobre el mercado laboral de esta propuesta deben ser discutidas con más claridad. Una pensión universal de monto significativamente mayor supone desembolsos fiscales de primer orden, y además podría inducir a una mayor informalidad en el mercado laboral. Con pensiones mínimas garantizadas relativamente bajas, este efecto se acota, pero podría adquirir relevancia al hacerse los montos mayores. A su vez, y como se ha discutido latamente, la manera en que se financien los aumentos en el gasto del Pilar Solidario también puede tener efectos muy diferentes sobre el mercado laboral.

El énfasis en el Pilar Solidario por parte de la industria no debiera, en cualquier caso, desviar la atención respecto de los otros temas que deben considerarse si se busca efectivamente mejorar el sistema de pensiones, como son la disminución de las lagunas previsionales, el cambio en la edad de jubilación y un espacio para mayor competencia que permita a los afiliados acceder a mejores y más baratos servicios, sin que ello implique reducir los niveles de seguridad en el manejo de los fondos que han caracterizado al sistema actual.