La sostenida ampliación y reformulación del sistema de protección social a propósito de la emergencia sanitaria continúa. Un nuevo paquete de beneficios fue anunciado al término de la semana pasada. La iniciativa del Ejecutivo, que apunta al resguardo de los ingresos de la clase media, considera tres instrumentos para este efecto. El primero es un préstamo solidario sin intereses, con un año de gracia y con cuatro cuotas anuales que no podrán exceder el 5 por ciento de los ingresos del trabajador en un año. El segundo son 50 mil subsidios de arriendo, con cobertura de hasta $250 mil, por un período de hasta tres meses. Y, finalmente, se propone un bono adicional para la clase media, por un monto entre $400 mil y $600 mil pesos, en función del tamaño del hogar y orientado a personas con ingresos mensuales de hasta dos millones de pesos, siempre y cuando estos hubiesen disminuido en al menos un 30 por ciento debido a la contingencia.

Por cierto, el plan, además de hacerse cargo de las dificultades que enfrentan las familias, se presenta también como una alternativa frente a la discusión en el Congreso de un posible tercer retiro de los fondos de pensiones, medida que extendería el nefasto drenaje de los ahorros previsionales: según recientes estimaciones de la superintendencia respectiva, de aprobarse cualquiera de las mociones parlamentarias que autorizan el retiro de 10 por ciento de los montos acumulados en las cuentas de ahorro individual, el sistema podría otra vez reducir en más de US$ 15.000 millones el total acumulado en dichas cuentas.

Aunque este nuevo paquete de ayudas beneficiaría a un millón y medio de familias (3,6 millones de ciudadanos), el costo fiscal es relevante. De acuerdo con estimaciones de la Dirección de Presupuestos, significaría un desembolso de hasta US$ 1.000 millones y la movilización de otros US$ 2.000 millones adicionales por concepto de préstamos solidarios. Así, la cifra supera con creces los dineros destinados a políticas de protección social históricas. Por ejemplo, el Aporte Familiar Permanente (ex bono marzo) de 2021 contempla el desembolso de US$ 218 millones, menos del 10% de lo que se destinaría a este nuevo plan de apoyo para la clase media. Esto hace patente no solo el esfuerzo del Estado por complementar los ingresos de las personas en medio de deterioradas condiciones económicas, sino también la impresionante magnitud de las cifras a las que el país parece estar acostumbrándose. Esta situación, sin embargo, no puede extenderse una vez que, con el avance del plan de vacunas, se alcance la inmunización de la población.

Pero, incluso más allá de su impacto fiscal, resulta imperativa una revisión de los efectos que esta continua implementación y extensión de beneficios pueda tener en la reactivación económica y del empleo, procurando corregir o al menos mitigar eventuales incentivos perversos. La evidencia ha sido clara, en efecto, en demostrar que un inadecuado diseño o la prolongación indebida de las transferencias sociales pueden desincentivar la participación en el mercado laboral formal. Tal problemática se amplifica en la medida en que iniciativas pensadas para una emergencia se institucionalizan como pilares permanentes del sistema de protección social. Algo de esto se comienza a visualizar en el contexto nacional, cuando se continúan implementando programas de transferencias monetarias sin internalizar ni evaluar sus efectos sobre el mercado laboral. Una clase política ávida por gastar, pero que parece desconocer el significado de las restricciones presupuestarias y las implicancias de los incentivos erróneos, alienta aquello. Así, aun cuando es innegable que la coyuntura demanda del apoyo estatal, la vigilancia y la evaluación continua de los programas asistenciales serán claves para asegurar el buen uso de los recursos y la recuperación de la actividad.