El país se apresta a elegir a los representantes que redactarán la nueva Constitución. Probablemente, la discusión incluirá el principio de subsidiariedad —se argumenta por sus críticos que al Estado se le deben dar mayores atribuciones para actuar, incluso si el sector privado está en condiciones de asumir esas mismas tareas— y el listado de derechos que se comprometerá garantizar a la ciudadanía. En paralelo, sin embargo, se siguen constatando las falencias que recurrentemente el mismo Estado exhibe al momento de otorgar los servicios que actualmente presta.

Endémico ha sido, por ejemplo, el atraso en las cirugías que el sistema público garantiza efectuar en un plazo prefijado por el programa AUGE, el que sistemáticamente se incumple. A su vez, en tiempos de pandemia, diversos servicios estatales o municipales están funcionando a velocidades muchísimo más lentas que las habituales, en circunstancias que las actividades privadas han buscado formas de sustituir los trámites presenciales de manera virtual para preservar su calidad. La sección Cartas al Director de este diario ha sido tribuna de variados reclamos que —más allá del impacto de los casos— dan cuenta en su globalidad del maltrato por parte de un Estado a menudo incapaz de dar atención satisfactoria a los ciudadanos. Se evidencia de este modo el formalismo de ciertos funcionarios —por ejemplo, al cursar una multa a una persona con covid por no estar en cuarentena en su domicilio, en circunstancias que estaba hospitalizada— o la desidia de otros, así como la subsistencia de sistemas obsoletos o desbordados por la realidad, como experimentan tantos extranjeros avecindados cuyos trámites no avanzan por meses o incluso años. Reveladores son también estudios como el informe del PNUD sobre el maltrato a las personas: las mayores quejas se refieren al trato que reciben en la calle y a la atención en las reparticiones públicas.

Suponer que el Estado satisfará las aspiraciones ciudadanas porque no tiene intereses pecuniarios que defender, o porque así lo indica el texto de la ley, parece no considerar que las reparticiones fiscales están servidas por personas cuyas motivaciones no necesariamente se alinean con las necesidades de quienes requieren su atención. Para superar aquello es necesario construir ambientes apropiados, introducir incentivos correctos y trabajar el espíritu de equipo con mucha más convicción.

Una excepción notable la ha constituido el desempeño de los equipos de salud frente a la pandemia, pero parece difícil que la carga emocional solidaria que se ha dado en este caso pueda replicarse espontáneamente en otros ámbitos.

De allí que la modernización del Estado resulte cada vez más necesaria. Los cambios organizacionales y tecnológicos que involucra deben formar parte de la reflexión crítica de la sociedad chilena. La nueva etapa institucional que el país desea acometer no será exitosa si el Estado no está en condiciones de atender a su población de manera digna, efectiva y eficiente.