En 1990, 44,8 por ciento de la matrícula de educación superior eran mujeres. Una década después esa proporción alcanzó a un 47,1 por ciento. En la actualidad llega a 53,4 por ciento, en línea con los egresos de hombres y mujeres de la educación secundaria. En marzo de 1990, el primer gabinete del Presidente Aylwin no incluyó a ninguna mujer. En la actualidad, un aspecto central en la evaluación de los gabinetes es la proporción de mujeres que los componen. La tasa de empleo de las mujeres en 1990 era un poco menos del 30 por ciento; una década después había subido a un 35,1 por ciento. El año 2019 su tasa de empleo llegó a un 52,5 por ciento. La Cámara de Diputados eligió en la primera elección que reinauguró la democracia un 5,8 por ciento de representantes mujeres. En la más reciente, esa cifra había escalado a 23,2 por ciento. La próxima Convención Constituyente será paritaria, producto de un acuerdo ampliamente aprobado. Las brechas salariales de género, en los estudios disponibles, se han reducido desde niveles de 40 por ciento a principios de los 90 a cotas de 20 por ciento en los últimos años.

Estos números dejan entrever, muy parcialmente por cierto, los avances que se han registrado en igualdad de género en el país. No se puede negar que aún se está lejos de alcanzar una igualdad, pero, a veces, el debate público se olvida de reconocer los avances y, por tanto, le cuesta identificar bien las etapas siguientes que posibilitarían alcanzar nuevos progresos. Eso, a menudo, impide una deliberación que permita ir desarrollando una agenda concreta con metas específicas que acerquen aún más al país al objetivo de igualdad de género.

Además, ocurre que este propósito se intenta muchas veces instrumentalizar. Así, se alude a un cambio de sistema económico y político como única solución a estas desigualdades y, por tanto, no hay interés en reconocer los progresos. La paradoja es que estos han ocurrido precisamente en sociedades que comparten la democracia liberal y descansan en distintas formas de capitalismo para organizar sus sistemas económicos. En los esquemas institucionales alternativos que se quiere promover no hay evidencias de que puedan lograrse los avances necesarios. Estos requieren de amplias libertades que no están garantizadas en las experiencias reales que conocemos.

Es importante que una agenda de igualdad de género reconozca las distintas realidades y necesidades de distintos grupos. Por ejemplo, la tasa de ocupación de las mujeres con estudios superiores se acerca al 70 por ciento, pero la de mujeres que no terminaron la etapa escolar es 22 por ciento inferior (cifras anteriores a la pandemia). A veces, el debate recoge solo las demandas de las mujeres más educadas. Pero es sorprendente que el país no haya logrado articular aún un financiamiento universal para sala cuna o subsidios razonables para la educación parvularia que permitan que las mujeres con menos escolaridad logren más autonomía para, entre otros aspectos, tener más posibilidades de acceder al mercado del trabajo.