Se ha instalado en el país el uso de la violencia con fines políticos —grupos independentistas mapuches radicales que reciben la colaboración de distintos sectores—, testimoniales —jóvenes que utilizan cualquier excusa para destruir el entorno y desafiar a la autoridad—, o de amedrentamiento —grupos ligados al narcotráfico o a bandas delincuenciales—, la que ha ido en progresivo crecimiento, particularmente en los últimos 18 meses. Estos grupos pueden aparecer también de modo superpuesto, lo que daría cuenta en algunos casos de una vinculación entre ellos. En un Estado de Derecho, la agresión no es admisible como recurso político o de cualquier otro tipo, y son las fuerzas de orden y seguridad, a las que se ha entregado el monopolio del uso de la fuerza, las encargadas de impedir que esta se exprese.

Ello implica no solo el uso racional de ella —como cuando se quiere impedir que una marcha de protesta escale a una violenta—, sino que, en ocasiones, y frente a quienes se resisten a modificar su conducta y constituyen una amenaza grave e inminente, se hace imprescindible utilizarla de manera incontrarrestable y potencialmente letal, única manera de asegurar su eficacia. Esto requiere que quienes procedan en función de este mandato cuenten con legitimidad social, tanto del sistema político en su conjunto como de la ciudadanía en general. En nuestro país, sin embargo, ello está lejos de estar asegurado. En parte producto de que en el último tiempo la actuación de las fuerzas de orden ha sido cuestionada por situaciones lamentables de abusos u ocultamiento de información. Pero, sobre todo, se ha producido también cierta confusión en algunos sectores de la ciudadanía, influida por grupos interesados, incluyendo a parte de la oposición política al Gobierno, que consideran la violencia como un medio legítimo y efectivo para producir cambios, o que justifican las manifestaciones violentas de grupos mapuches radicalizados —o que pretenden representarlos— sobre la base de que sus derechos fueron vulnerados en el pasado, o siguen siéndolo en la actualidad.

Recuperar sin ambages la legitimidad social en el uso de la fuerza por parte de la autoridad es una tarea de primer orden para cualquier gobierno, actual o futuro. Las recientes encuestas ciudadanas no permiten extraer conclusiones nítidas sobre el juicio que las personas tienen al respecto, ni tampoco cuál sería la reacción de la ciudadanía si la autoridad impone el orden mediante un uso incontrarrestable de la fuerza. Dadas las actuales circunstancias, y por situaciones fácilmente previsibles, sigue siendo desaconsejable utilizar a las Fuerzas Armadas para combatir la violencia que se ha observado en las últimas semanas en La Araucanía y zonas cercanas, y cabe privilegiar y apoyar el trabajo policial. En ningún caso ello significa restarle gravedad a la situación de descontrol en esta zona, sino reconocer que para el país resulta ahora la mejor alternativa.

De cualquier forma, esto constituye un apremiante dilema para la autoridad, pero también para el sistema político y la ciudadanía. Su procesamiento en las sociedades abiertas y democráticas no es simple de resolver. Otros países que han enfrentado fenómenos terroristas —pretendidamente fundados en causas étnicas, religiosas o independentistas— los han sufrido por períodos que a veces han resultado dolorosamente prolongados. Pero fue justamente la violencia que esos grupos ejercían, haciéndolo sin contemplaciones y atacando a ciudadanos inocentes e indefensos, lo que finalmente destruyó los pocos elementos de legitimidad a los que esos grupos se aferraban.

Para su combate no sirve la dicotomía entre halcones y palomas, sino un trabajo estratégico, que combine inteligencia, firmeza, sabiduría política y también transparencia de cara a la ciudadanía, la que debe contribuir con su repudio en la tarea de erradicar estas formas de violencia.