En su columna “Nuestros desafíos pesqueros”, Sebastián Edwards parte mencionando la “reciente anulación de la ley de pesca por parte del Congreso”. Comenzamos por aclarar que el Congreso no ha anulado la ley de pesca; la moción en cuestión ha sido aprobada por la Cámara de Diputados en su primer trámite legislativo y probablemente no se aprobará en el Senado, ya que con patrocinio del Ejecutivo se está discutiendo un proyecto que modifica los mecanismos de asignación de cuotas.

El columnista argumenta que asignar cuotas de pesca transferibles mediante licitaciones sería inconveniente, recurriendo a razonamientos similares a los que dio el lobby pesquero durante la tramitación de la ley de pesca aprobada el 2012. En particular, menciona algunos países que habrían aplicado licitaciones de cuotas individuales transferibles sin éxito. El país que primero desarrolló los sistemas de cuotas individuales transferibles, Nueva Zelandia, mantiene las licitaciones para nuevas pesquerías y aumentos de cuotas individuales totales. Otros países, mencionados en la columna, combinan cuotas individuales transferibles, otorgadas de acuerdo a “derechos históricos”, con un porcentaje del total de cuotas que se asigna periódicamente por licitación.

Licitar las cuotas individuales transferibles de pesca permite tener un mecanismo de mercado que define su precio, lo cual genera señales del costo de oportunidad de tener estos derechos, mejorando la eficiencia en la asignación de estos recursos y estimulando la innovación en las pesquerías. En cambio, los derechos transables de carácter indefinido que prefiere Edwards, en un mercado altamente concentrado con asimetrías de información como el pesquero, se transan muy poco en la práctica, generando ineficiencias, barreras de entrada e inhibiendo la innovación. De este modo, apelar al mercado secundario como supuesta solución para resolver el problema de asignación es una solución poco práctica y poco eficaz.

Además de consideraciones de eficiencia, existe un tema distributivo que nos parece de la mayor importancia y que el profesor Edwards no aborda. Un sistema de licitación de cuotas deja que el mercado defina las rentas económicas que se transfieren al fisco por el derecho exclusivo de explotar recursos de propiedad común, lo cual genera mayores recursos para el Estado y contribuye a una mejor distribución de la riqueza.

Un diseño adecuado del mecanismo de licitación es importante para lograr los objetivos que mencionamos arriba. Un diseño inadecuado puede llevar a que no exista suficiente competencia y que los precios no reflejen el valor de escasez del recurso. Al igual que en el caso de la licitación de concesiones portuarias, la ley debe establecer criterios generales de licitación, dejando cada proceso a reglamentación específica, que debe ir a consulta previa del Tribunal de Defensa de la Libre Competencia.

No obstante, existen algunos principios generales que se pueden establecer por ley. Para reducir los riesgos a que se refiere Edwards, los precios por los cuales compiten las empresas debieran ser por tonelada de pesca asignada cada año; las empresas debieran poder hacer múltiples ofertas por volúmenes y localizaciones diferentes, y la licitación debiera ser simultánea y en sobre cerrado para reducir los riesgos de colusión. Paul Milgrom compartió el Premio Nobel de Economía el año pasado por desarrollar la teoría que permite diseñar licitaciones adecuadas en estos casos. Cabe recordar que durante su visita a Chile, el 2011, el profesor Milgrom dio un importante espaldarazo a las licitaciones de cuotas de pesca en nuestro país.

Edwards argumenta que el hecho de que las licitaciones de cuotas de pesca se utilizan en pocos países es evidencia de que no se trata de una buena política. Nosotros creemos que el motivo por el cual las licitaciones no se usan en más países es otro. Tal como quedó de manifiesto en los años posteriores a su aprobación, el lobby del sector pesquero fue sumamente agresivo durante la tramitación de la ley de pesca de 2012. Sin ir más lejos, recientemente fueron declarados culpables de cohecho dos parlamentarios que en aquel entonces recibieron pagos ilegales. “Estoy muy contenta con el gol del no a la licitación. ¡Al fin surtió efecto mi trabajo!”, escribió una diputada al gerente de una empresa pesquera mientras se tramitaba la ley, para solicitarle, a renglón seguido, una nueva transferencia.

El lobby del sector pesquero oponiéndose a las licitaciones de cuotas, tanto mediante medios legítimos como ilegítimos, probablemente no sea un problema exclusivo de Chile.

Eduardo Bitran
Académico de la Facultad de Ingeniería y Ciencias
Universidad Adolfo Ibáñez

Eduardo Engel
Académico de la Facultad de Economía y Negocios Universidad de Chile