Compartimos la necesidad de abrir un debate profundo sobre las convicciones y acciones necesarias para alcanzar un desarrollo sostenible, incorporando nuestras capacidades científicas y tecnológicas. Una invitación oportuna y pertinente, siempre y cuando sea motivada por los enormes desafíos que enfrentamos y no por coyunturas en que los intereses de unos por sobre otros impiden levantar la mirada.

Vivimos un cambio de época, marcado por una pandemia que se entrelaza con desafíos sociales y medioambientales sin precedentes. Como nunca antes, comprendemos que un mejor futuro ya no está garantizado por el paso del tiempo. Por el contrario, depende de las decisiones colectivas que tomamos hoy.

El conocimiento debe estar en la base de estas decisiones, y la instalación del Ministerio de Ciencia ha estado guiada por esta visión, y por una hoja de ruta que apunta inequívocamente a la incorporación de la evidencia científica a la política pública.

Desde esta convicción y junto a la comunidad científica hemos respondido a dos situaciones críticas. Primero, a la emergencia climática, con la conformación de un comité científico, cuyo aporte comienza a plasmarse en nuestro compromiso país con la carbono neutralidad, con las NDC y con la Ley Marco de Cambio Climático. Luego, a la pandemia, donde la ciencia nacional irrumpió en la política y en la toma de decisiones, aportando capacidades para el seguimiento epidemiológico, el diagnóstico, la fabricación de ventiladores, la disponibilización de datos, la secuenciación y la definición de una estrategia de vacunas, entre otros.

Estas acciones responden a una mirada de política pública que promueve la generación de conocimiento y su transferencia en beneficio de las personas. En la misma línea estamos trabajando en el nuevo ordenamiento institucional, y en la revisión y fortalecimiento de nuestro sistema de desarrollo de talentos atendiendo al incremento del 75% en los programas de doctorado en Chile en la última década y del 51% de estudiantes internacionales en estos programas en los últimos cinco años. La convicción de desarrollar investigación y tecnología propias en este nuevo escenario justifica que la mayor parte de nuestro gasto público en I+D se destine a las universidades nacionales.

Se ha puesto especial énfasis, además, en mejorar la vinculación del sistema con la sociedad y el sector productivo, apostando por el emprendimiento de base científica y tecnológica con nuevos instrumentos, por las energías renovables no convencionales, incluyendo hidrógeno verde, y el incremento de la conectividad a través de fibra óptica y tecnología 5G que benefician a las personas y abren nuevas oportunidades para la innovación. Todas acciones que nos encaminan hacia una economía del conocimiento.

Con la creación de un Ministerio de Ciencia la institucionalidad científica ha dejado de remitirse solo a la asignación de fondos y se ha transformado en un motor de política pública con vocación de futuro. El debate, por lo tanto, debe ser ambicioso y aspirar a definiciones que nos permitan ampliar los círculos, contar con nuevos polos de creación de conocimiento, comprometernos seriamente con la incorporación de más jóvenes en investigación, promover el desarrollo desde las regiones, garantizar condiciones de igualdad de género, atraer nuevas alianzas internacionales, sumar al mundo privado y sociedad civil. Pero fortalecer el sistema requiere actualizar sus paradigmas, orientar estratégicamente, hacer nuevas apuestas y apoyar el desarrollo de actores diversos, no aumentar el gasto sin renovar la lógica de asignación del mismo.

Ese es el debate al que todos deberíamos sumarnos.

Andrés Couve C.
Ministro de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación