Los hechos registrados en el operativo antidrogas en Temucuicui, ordenado por el Ministerio Público, autorizado por los jueces de garantía de Victoria y Collipulli y llevado a cabo por la Policía de Investigaciones, revisten una incuestionable gravedad. Desde 2019 se venían investigando casos de narcotráfico unidos a tenencia ilegal de armas en la zona, lo que había dado como resultado que 20 personas ya hubieran sido formalizadas, con nueve de ellas en prisión preventiva. Si bien, tratándose de casos relativos al narcotráfico y a un posible lavado de dinero, rigen normas estrictas que impiden difundir todos los antecedentes con que cuenta la fiscalía, se conocían algunos de los indicios que permitían justificar la búsqueda de varias personas de dicha comunidad acusadas de homicidio frustrado a Carabineros.

En las investigaciones preliminares, surgieron imágenes que revelaban con alto grado de seguridad que en esa zona existían instalaciones dedicadas al cultivo de drogas. El cúmulo de antecedentes sustentaba el interés del Ministerio Público por ingresar allí, pero, conocedores de las dificultades que se han experimentado con esa comunidad, se justificaba un análisis detenido de las posibilidades de llevarlo adelante. Cabe recordar que para el censo del año 2017, la comunidad de Temucuicui impidió que entraran los encargados de realizarlo, atacando a los censistas y realizando cortes de caminos. A la vista de antecedentes como esos, se resolvió realizar el allanamiento ordenado mediante un enorme dispositivo de 850 efectivos que se movilizaban en más de 200 vehículos.

Pero los resultados ya son conocidos: los funcionarios de la Policía de Investigaciones encontraron una resistencia mucho mayor a la esperada, efectuada con armas de fuego de alta potencia por personas bien organizadas, parapetadas en distintos lugares, que ocasionaron la muerte de un detective, dejaron a otros doce heridos y 29 vehículos con impactos de bala. A no dudarlo, la policía se enfrentó a un grupo organizado, capaz de resistir un ataque de grandes dimensiones y de ocasionar bajas a sus adversarios, que eran justamente los representantes de la ley.

El Estado de Chile es el que resulta desafiado por la conducta de quienes utilizaron las armas para impedir el ingreso de sus agentes. Los tres poderes del Estado debieran sentir esta debilidad, pues se está permitiendo que exista un grupo criminal organizado dentro de su territorio, al cual sus representantes tienen vedado el ingreso. Las investigaciones realizadas por la policía, por los vecinos, por los periodistas, posibilitan comprobar la presencia de métodos ya bien conocidos de los grupos narcotraficantes en otros países. Por ejemplo, la forma de silenciar a los comuneros que no forman parte de la organización, apoyándolos económicamente para que cultiven sus chacras y amenazándolos en caso de no obedecer, es algo similar a lo que ocurre con los grupos narcos en muchas poblaciones y a lo que se ha observado también en países como Colombia o México. Otras indagatorias penales —de cuyo desarrollo se informa en esta misma edición— confirman la magnitud del problema, incluso admitido, a propósito de este episodio, por organizaciones radicalizadas vinculadas a la causa mapuche.

Sería un error desconocer la seriedad de esta situación, en que una organización criminal aparece obstaculizando la acción de los organismos del Estado y poniendo en cuestión el imperio de la ley. Asumir y condenar estos hechos no puede significar, sin embargo, ignorar la realidad del pueblo mapuche, la profundidad de sus problemas y la legitimidad de sus demandas por reconocimiento; al contrario, son quienes pretenden utilizar esta causa para dar cobertura a sus acciones delictuales quienes la dañan y contaminan, y por lo mismo corresponde establecer una clara diferencia en este ámbito.

Es innegable también la necesidad de determinar las causas que hicieron de este un operativo policial fallido e investigar las denuncias sobre eventuales abusos. No debe ello, sin embargo, desviar la atención del dilema que se está enfrentando. Es una obligación del Estado y de sus representantes elaborar una estrategia para ponerle fin a la amenaza de tener que vivir lo que han sufrido otros países de la región que no supieron detener a tiempo estas acciones.