El personal de planta en el Estado central no llega al 30 por ciento, a pesar de que el Estatuto Administrativo aspira a que sea esta la vía por medio de la cual se expanda el empleo público. Las inflexibilidades y anacronismo de las regulaciones que consagra dicho estatuto llevaron a sucesivos gobiernos a utilizar el personal a contrata y también a honorarios (asimilable a grados) como camino alternativo de vínculo laboral con el Estado. Para superar el límite de 20 por ciento que impone el Estatuto Administrativo a las vías alternativas de contratación, se han utilizado las leyes de presupuesto.

Tales fórmulas, en rigor, son transitorias, pero se han perpetuado en el tiempo y a propósito de ello la Contraloría y las Cortes han ido regulando las desvinculaciones una vez que se producen, en particular en aquellos casos en que la relación ha sido prolongada. La realidad actual, si bien introduce flexibilidad, genera otras distorsiones, sobre todo en los nombramientos, que no necesariamente conducen a una mejor administración pública. Por eso debe buscarse un diseño institucional para la gestión de personas en el Estado que permita el mejor funcionamiento posible de todos los servicios.

En este sentido, es positiva la iniciativa de modernización del empleo público que se ha lanzado desde el Ministerio de Hacienda y que busca crear un régimen más apropiado que el vigente. Es al mismo tiempo muy valioso que, antes de enviar el proyecto al Congreso, se haya decidido desarrollar una inédita consulta pública. Se trata de una iniciativa habitual en países de tradición anglosajona, pero escasa en América Latina. Es valioso, además, que el anteproyecto descanse en una propuesta realizada por cuatro centros de estudios (CEP, Chile 21, Espacio Público y Libertad y Desarrollo) que representan distintas sensibilidades intelectuales.

La propuesta preliminar establece una nueva relación laboral, con funcionarios a contrata y honorarios de carácter indefinido y con indemnización a la salida. Se postula que la entrada a las posiciones del Estado sea por concurso y mérito, en procesos regulados por el Servicio Civil. Junto con ello, se posibilitará mayor desarrollo profesional, permitiendo que las personas se puedan mover entre servicios (algo en lo que el Estatuto Administrativo es muy rígido). Para ello, y el anteproyecto lo contempla, es indispensable un mejoramiento en los mecanismos de evaluación de desempeño. En la actualidad, el 98 por ciento de los funcionarios públicos son calificados en Lista 1, de Distinción, situación que no resulta creíble y seguramente afecta la confianza en la función pública.

En definitiva, este debería pasar a ser el régimen laboral permanente del sector público, dejando que se extinga gradualmente la actual planta de funcionarios.