En los últimos años se han multiplicado las críticas a las instituciones de la democracia representativa. Desde diversos sectores se pone en duda su capacidad para efectivamente representar a los ciudadanos, pretendiendo sustituirlas por “asambleas” y “cabildos”, así como por “movilizaciones sociales”.

Esa forma sustitutiva de “representatividad” ha sido, sin embargo, muchas veces puesta a prueba, con magros resultados. Un ejemplo fue cuando, en su segundo mandato, la Presidenta Bachelet —con la fuerza que solo un gobierno puede imprimirles a esos procesos— llamó a la ciudadanía a autoconvocarse en cabildos para discutir los contenidos que deberían incorporarse a una nueva Constitución. Aunque fue un ejercicio masivo, solo logró que se pronunciaran unas 200 mil personas, correspondientes a una mínima parte del padrón electoral; probablemente, se trató de ciudadanos muy interesados en la política o en promover ciertas temáticas, pero difícilmente podría afirmarse que el proceso haya podido establecer lo que “la gente” quería. Antes bien, sus conclusiones solo expresaron la voluntad de esa pequeñísima proporción que escogió participar, y tuvo el tiempo y la posibilidad de hacerlo. La voluntad popular solo se puede auscultar, en cambio, mediante elecciones democráticas, en que las personas se pronuncian respecto de distintas opciones en competencia, entregando su apoyo a quienes estiman mejor representan sus intereses, inquietudes y anhelos. Ciertamente, la representación mediante elecciones tampoco es perfecta —académicos han “demostrado” la imposibilidad matemática de ello—, pero, con todas sus limitaciones, es la fórmula que mejor permite materializar el principio democrático en sociedades complejas, garantizando la igualdad de todos los ciudadanos en el ejercicio del voto.

El Partido Comunista de Chile parece, sin embargo, no compartir esta visión. Así, su Comité Central presentó al congreso nacional del partido un documento que ilustra una peculiar concepción en estas materias. El informe analiza el escenario político y los principales hitos que han llevado a él, leyendo en ellos una confirmación de las tesis del partido. De este modo, el resultado del plebiscito constitucional “confirma el protagonismo del pueblo de Chile”, el que se encontraría hoy ante la posibilidad de alcanzar una “victoria estratégica”, cual sería superar la “contradicción entre democracia y neoliberalismo”, para iniciar un proceso de transformaciones “en contravención al capitalismo actual”. Aun cuando nada de ello se vincula con las preguntas formuladas en el plebiscito, el PC asume así que el “pueblo” comparte no solo su interpretación, sino incluso las metas a las que aspira para la sociedad chilena.

Por eso, considera un “riesgo” que se busque que la nueva Constitución sea la expresión de un “acuerdo nacional”, que mantenga lo que el partido define como “capitalismo salvaje”. Y es para evitar ese eventual acuerdo que afirma la “necesidad de rodear con la movilización de masas el desarrollo de la Convención Constitucional, impidiendo que las cocinas y el tecnicismo legal oscurezcan el sentido final de dicho organismo”.

En definitiva, y con el particular lenguaje del informe, el PC parece estar anunciando su decisión de presionar a la Convención para conseguir que sus acuerdos se alineen con el ideario del partido. Sea una expresión literal o metafórica, la idea de “rodear” la instancia implica una apelación al poder de los grupos movilizados, para imponer sus consignas vociferantes por sobre las complejidades propias del debate constitucional. En esa visión, cualquier acuerdo amplio que se aparte de la aspiración comunista, por mayoritario que fuere, solo constituiría una “cocina”, y toda limitación reglamentaria, nada más que un oscuro “tecnicismo legal”.

Por cierto, la pretensión de que los referidos grupos movilizados representarían a la ciudadanía carece de sustento fáctico: las más de las veces están conformados solo por algunos centenares de personas. Más grave, sin embargo, es que el planteamiento supone una velada forma de torcer la decisión que libremente tomará la población cuando el próximo 11 de abril elija a quienes la representarán en la Convención.