Las imágenes del Congreso de Guatemala en llamas recorriendo América Latina, sumadas a las de Perú, llevaron a observar que la ola de protestas en la región no se desactivó con la pandemia, sino que solo estaba suspendida. Con distintas causas, muchas manifestaciones se convierten en violentas cuando aparecen encapuchados que usan la fuerza para imponerse. La controvertida actuación de los cuerpos policiales complejiza aún más el análisis.

En Guatemala, un Presidente conservador, Alejandro Giammattei, que ganó las elecciones el año pasado con 59 por ciento de los votos, agitó las aguas políticas al presentar una ley de presupuesto para 2021 que no respondía, según los críticos, a las necesidades del país. La protesta se generó luego de que el Congreso, en el que tiene la mayoría el oficialismo, aprobara la ley de una manera cuestionada como poco transparente, supuestamente sin que todos los diputados conocieran los detalles del texto.

El presupuesto es el más alto de la historia y, según los opositores, compromete la disciplina fiscal y sobreendeuda al Estado. Un tercio de los recursos provendría de créditos. Además, molestó el hecho de que las partidas para gasto social, especialmente en combate a la pobreza y la desnutrición infantil (que llega al 46 por ciento de los menores de cinco años), así como para la educación superior, fueron reducidas en favor de obras de infraestructura. Una de ellas es la construcción de un nuevo edificio para el Congreso.

Se habla de “hartazgo de los políticos” y eso tiene que ver con la corrupción endémica que existe en Guatemala y que el actual gobierno supuestamente no ha podido controlar. Las protestas recientes recuerdan las que botaron hace cinco años al expresidente Otto Pérez Molina, y algunos de los manifestantes ya han reclamado la salida de Giammattei. También lo ha hecho el vicepresidente, Guillermo Castillo, quien en una inédita declaración ofreció su renuncia y pidió la de su jefe, para ser reemplazados por un gobierno de transición.

Giammattei acudió a la OEA, invocando la Carta Democrática, señalando que hay peligro de golpe de Estado. La OEA lo respaldó, pero señaló que debe llegarse a un compromiso en el tema presupuestario, demandando transparencia y altos estándares en la lucha contra la corrupción. “Un gobierno de ‘notables', no electos, es antidemocrático”, agregó, en respuesta a los pedidos de ciertos sectores.

Esta crisis política explota cuando en Guatemala la mal manejada pandemia ha hecho estragos sanitarios, y los efectos de dos huracanes seguidos dejaron la economía, ya afectada por una larga cuarentena, devastada. La falta de confianza en las autoridades, y en la clase política en general, es la consecuencia de las respuestas insatisfactorias a los pedidos de una población que se debate en la pobreza y debe enfrentar la violencia del crimen organizado, otro flagelo que obliga a miles a emigrar en busca de mejores horizontes.

El término anticipado de un gobierno que tiene legitimidad democrática no puede ser la salida a la crisis. Más bien, se hace imprescindible que el llamado al diálogo formulado por el Presidente se traduzca en acciones concretas que muestren su disposición al entendimiento. En ese sentido, la decisión del Congreso de suspender la aprobación del cuestionado presupuesto y reabrir su debate puede ser una señal positiva.