El 18 de octubre de 2019 y las insinuaciones de violenta revuelta que caracterizaron las siguientes semanas marcaron el inicio de un período de inestabilidad institucional que, de distintas maneras y con diversos énfasis, continúa hasta ahora. El esfuerzo por recuperar el cauce legal con el acuerdo del 15 de noviembre del año pasado consiguió su objetivo solo parcialmente. Aunque construyó un itinerario que —ahora sabemos— conducirá a la redacción de una nueva Constitución, no logró evitar la postura fundacional manifestada por una parte de la oposición, uno de cuyos cauces de expresión ha sido la presentación de sucesivas acusaciones constitucionales, que han incluido a varios ministros y al propio Presidente de la República. El clima de hostilidad política generado impidió lograr avances legislativos en materias significativas. Fue la aparición de la pandemia la que cambió el foco de las preocupaciones y también —debido a las medidas de confinamiento— incidió en una sustantiva reducción de los desórdenes y la violencia callejera.

La realización del plebiscito del pasado 25 de octubre, con una amplia participación ciudadana que no se dividió en torno a los ejes políticos tradicionales, arrojó resultados que evidenciaron una contundente voluntad popular por modificar la Constitución, y descomprimió significativamente el ambiente. Pero, a pesar de que reposicionó la primacía del camino institucional —ratificado por los millones de chilenos que concurrieron a sufragar—, no ha logrado disolver del todo la sensación de inestabilidad abierta hace algo más de un año. Los esfuerzos legislativos por modificar los acuerdos del 15 de noviembre —proponiendo aumentar el número de miembros de la Convención para escaños reservados y cambiar la regla de los dos tercios para redactar la nueva Constitución— muestran que la situación de fragilidad no ha desaparecido del todo, y que muchos parlamentarios no manifiestan el respeto por los acuerdos que el camino institucional exige.

Asimismo, a propósito de la discusión constitucional, mientras en ámbitos académicos se desarrollan debates valiosos respecto de algunos de los problemas centrales del actual ordenamiento, los grupos más extremos, en contraste, lejos de propugnar la búsqueda de acuerdos, ya han expresado su voluntad de refundación radical del país. La utilización de un resquicio —que se aborda separadamente en esta página— para aprobar retiros desde los ahorros previsionales, que para sus promotores tiene como objetivo desmantelar el sistema de capitalización individual, así lo indica. El uso de este tema para convocar a nuevas manifestaciones violentas y las declaraciones de parlamentarios llamando a alterar el mandato democrático de las actuales autoridades evidencian la complejidad del escenario.

Con todo, el país se desenvuelve en un ambiente indudablemente más tranquilo que hace un año. La creación de 700 mil empleos en los últimos 4 meses indica una recuperación económica en marcha. Y la expectativa de contar el próximo año con vacunas para enfrentar la pandemia es un alentador signo de normalización.

El propósito fundamental del Gobierno en los difíciles meses venideros ha de ser consolidar el camino institucional del Chile futuro. Para ello, un hito decisivo serán las elecciones de abril, las que, al igual que el plebiscito, deberán realizarse de manera impecable. Todas las fuerzas democráticas debieran comprometer su contribución a ese objetivo, ratificando un respeto irrestricto a las reglas convenidas y evitando la exacerbación artificiosa de los conflictos.