La subdeclaración de ingresos, bajo juramento, que habrían hecho casi 438 mil personas para acceder al Bono Clase Media generó inicialmente un gran revuelo. El Ministerio Público abrió una investigación y la semana pasada la fiscal regional de Los Lagos, encargada de esta tarea, ordenó las primeras diligencias. Al mismo tiempo, el Servicio de Impuestos Internos (SII), que detectó las discrepancias entre ingresos efectivos y declarados, ha enviado a las distintas reparticiones los antecedentes de los 37 mil funcionarios del Estado que habrían incurrido en esa conducta, para que se evalúe si corresponden sumarios administrativos. También ha puesto los antecedentes en conocimiento de la Contraloría.

Ahora bien, pocos días después de conocidos los hechos, diversos senadores y diputados anunciaron la tramitación de una ley que prohíba reproches penales por este eventual fraude. Se trata de una iniciativa desafortunada, toda vez que constituye una verdadera invitación a traicionar la fe pública. Hay miles de personas en la misma situación económica que se abstuvieron de engañar al fisco para acceder a un beneficio que no les correspondía; para ellos, un “perdonazo” así resultaría inaceptable. Pero además los millones de ciudadanos que financian al Estado con sus impuestos tienen el derecho a demandar que esos recursos se utilicen apropiadamente. Si ello no ocurre, el sistema tributario pierde legitimidad y se incentiva la evasión.

En este sentido ha habido también otras señales de delicado alcance. El fiscal nacional ha sugerido, por ejemplo, que en el caso de los funcionarios públicos los reproches penales podrían diferir según el grado jerárquico de los responsables; sin embargo, en estas materias lo más relevante no es mirar a las personas, sino los hechos. A su vez, la Contraloría no ha enviado señales claras respecto de este tema. La entidad desarrolla una auditoría enfocada en la operatoria del beneficio, pero respecto de los funcionarios que lo cobraron indebidamente solo ha señalado estar analizando la información recibida del SII. Hay aquí sin embargo una eventual falta a la probidad administrativa que demanda su atención. La experiencia en el sector público muestra una discrecionalidad elevada en el ejercicio de la potestad disciplinaria y en una situación compleja como esta cabría esperar al menos orientaciones del organismo contralor.

Las instituciones del Estado han perdido credibilidad frente a la población. Tres serían las causas principales de acuerdo con diversos estudios: los malos tratos en distintas reparticiones, el mal desempeño que se percibe en muchas de ellas y el mal uso de recursos. Si no hay sanciones ejemplificadoras respecto de casos de flagrante abuso como este, la posibilidad de que la ciudadanía recupere la confianza en el Estado se diluye aún más.