En Chile, el artículo 37 de la Ley Orgánica sobre Votaciones Populares y Escrutinios establece que los resultados de una encuesta solo se podrán divulgar hasta 15 días antes de una elección o plebiscito. Dicha disposición se introdujo a través de la Ley 20.900, de abril de 2016. Es una paradoja, puesto que esa ley fue conocida como de Fortalecimiento y Transparencia de la Democracia. La verdad es que más bien afecta ambos propósitos. Toda información potencial que se suprima sin una buena justificación tiene ese problema. Se ha especulado mucho sobre la influencia e incluso la manipulación que las encuestas podrían ejercer sobre los ciudadanos. La evidencia es contundente en controvertir esa hipótesis. La idea de que habría que liberar por un tiempo prolongado a los votantes de sus influjos no tiene ningún sustento. Revelador es, por lo demás, que el proyecto que dio origen a la ley haya entrado a la Cámara sin esta norma y salido de ella con un período de prohibición de divulgación de encuestas de cuatro días. Fue el Senado el que lo elevó a 15.

Son pocos los países que tienen un período de prohibición tan largo para la divulgación de encuestas. El 23 por ciento de los Estados establecería un período de blanqueo de 7 días o más, mientras que apenas ocho de 133 países para los que reportan Esomar y Wapor (las organizaciones de encuestadoras más respetadas) tienen plazos de 15 días o más; solo tres están fuera de América Latina. Naciones como Alemania, Australia, Estados Unidos, Nueva Zelandia, Países Bajos, Reino Unido o Suecia no imponen ninguna prohibición. Y en Canadá, Francia y España son de uno, dos y cinco días, respectivamente. En este último país se la burla fácilmente publicando, por ejemplo, los sondeos en Andorra. Es decidor que en los países mencionados, donde los estudios sobre el impacto de las encuestas son mucho más frecuentes que en Chile, no se hayan legislado prohibiciones como la nuestra o sean muy acotadas.

En los próximos meses, el país enfrentará un conjunto de elecciones, partiendo por el plebiscito del próximo domingo. La realidad política está siendo muy fluida y sería útil para efectos de análisis y de seguimiento de la coyuntura contar con información oportuna. Esto tiene un valor que no siempre es apreciado. La prohibición de divulgación concentra la información en pequeños grupos (porque seguramente se siguen haciendo encuestas) y eso ciertamente no es bueno para el fortalecimiento de la democracia. En este sentido, la idea de que estas prohibiciones favorecen a los ciudadanos es falsa. La democracia y la ciudadanía se fortalecen con más y no menos información. Esta es una regulación que el Ejecutivo y el Congreso deberían suprimir cuanto antes. El ciclo electoral, pero sobre todo el proceso democrático que se inicia el próximo domingo se beneficiaría de ello. En un mundo como el actual esta prohibición es inaceptable.