La ocupación ilegal de sitios ha experimentado un alza inquietante en el último tiempo, especialmente en la Región Metropolitana, Valparaíso y La Araucanía. En efecto, desde octubre del año pasado ha habido un aumento del 45 por ciento en los hogares que viven en esta condición y habría en torno a 100 nuevas “tomas” de terrenos. Los alcaldes han alertado al respecto, denunciando que, si bien las condiciones de vulnerabilidad y hacinamiento llevan a muchas familias a optar por la ocupación de sitios eriazos, también se observa una suerte de negocio inmobiliario ilegal que, abusando de las necesidades de las personas, se aprovecharía de terrenos privados y fiscales.

Las tomas han sido una práctica difícil de erradicar y en el último tiempo se han multiplicado no solo en los sectores suburbanos sino también a lo largo del territorio. Según el Ministerio de Bienes Nacionales, más de 14 mil ocupaciones se mantienen en terrenos fiscales, como aquellas que se han extendido en el borde costero de la zona norte. La autoridad ha emprendido un plan de normalización que incluye la venta como medio de regulación.

En las ciudades, la reciente multiplicación de los campamentos —algunas estimaciones apuntan a alrededor de 800, que albergan a unos 50 mil hogares— obliga a potenciar la política de viviendas sociales. Pese a los esfuerzos por reducir el déficit habitacional —el que, según el presidente de la Cámara de la Construcción, sería de unas 700 mil casas—, el flujo migratorio y el encarecimiento de los terrenos urbanos debido al crecimiento de las ciudades y las mayores exigencias de los planos reguladores, parecen dificultar el acceso a una vivienda para muchas familias vulnerables, aumentando el hacinamiento. El impacto de la pandemia en materia de ingreso y empleo puede dificultar aún más la situación.

El ministro del ramo ha anunciado un estudio para detectar estas necesidades y hacerles frente. La tarea no resulta fácil debido a que, a las demandas de acceso, se agregan aquellas por calidad y extensión, lo que implica un mayor costo de construcción; esto exige ajustes presupuestarios junto con una mayor eficacia en la política pública habitacional. Al respecto, una reciente auditoría encargada por la Dirección de Presupuestos evaluó negativamente el programa Fondo Solidario de Elección de Vivienda para las familias más vulnerables, el que, pese a disponer de un presupuesto de alrededor de 640 mil millones de pesos, no lograría el impacto deseado en cuanto a reducir la exclusión de los más desprotegidos para acceder a una casa propia. Según los datos de la encuesta Bicentenario, mientras en 2009 el 55 por ciento creía probable que cualquier trabajador podía comprar su vivienda, diez años después, solo el 21 por ciento lo veía factible.

Si bien las consecuencias sociales del estallido y la pandemia han afectado de manera grave a muchas familias, sumiendo a un grupo importante en la pobreza y la vulnerabilidad, ello no puede justificar la ilegalidad de la toma. Compete a la autoridad velar por el respeto del Estado de Derecho y resguardar la propiedad privada y fiscal, como también satisfacer con urgencia y diligencia la demanda habitacional —especialmente de los más vulnerables—, en un trabajo mancomunado con las autoridades comunales, de quienes depende la regulación territorial urbana.