La situación por la que atraviesa Venezuela es trágica. A la descomposición económica, política y social se agrega la grave vulneración de derechos humanos que sufren los ciudadanos de ese país. Ello se ha visto recientemente refrendado por una investigación solicitada por el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, donde se acusa que las autoridades venezolanas no solo tenían conocimiento, sino que brindaron una “contribución esencial”, incluidos los recursos materiales, logísticos y humanos necesarios para las operaciones de seguridad e inteligencia que dieron lugar a la comisión de crímenes de lesa humanidad, incluidas ejecuciones arbitrarias y el uso sistemático de la tortura desde 2014.

La contundencia del informe —cuyo proceso de elaboración incluyó la realización de 274 entrevistas con víctimas, testigos, familiares, exfuncionarios del Estado, abogados, representantes de organizaciones no gubernamentales y personal internacional, además de abundante documentación— ha sido, sin embargo, cuestionada por el Partido Comunista de Chile (PC). Este descalificó el documento como “fruto de un trabajo desarrollado desde fuera del país, un texto redactado en base a versiones obtenidas a distancia, en el que no se ha tenido un intercambio real con las autoridades de ese Estado”, omitiendo que fueron esas autoridades las que no permitieron el ingreso de la misión ONU a Venezuela ni respondieron sus planteamientos.

La declaración del PC parece coherente con su trayectoria de apoyo tanto a la dictadura chavista como al régimen cubano. Sin embargo, cuando las fuerzas de oposición debaten su política de alianzas frente al ciclo electoral que se inicia, pone de relieve las profundas diferencias entre ese partido y la izquierda democrática, y plantea una enorme interrogante respecto de la viabilidad de un pacto que pudiera incluir a esta colectividad, más aún cuando hoy la figura opositora mejor ubicada en las encuestas es precisamente el presidenciable comunista Daniel Jadue.

Ante esta disyuntiva, la estrategia del PC parece ser la de intentar “empatar” las sistemáticas violaciones a los derechos humanos cometidas por el régimen de Venezuela con los abusos en la acción policial frente a los hechos de violencia ocurridos en Chile a partir del 18 de octubre. Así, mientras la declaración comunista concluía criticando el supuesto “doble discurso” de algunos, un día después el propio Jadue, si bien dijo condenar todos los atropellos, insistió en la comparación con Chile.

Por cierto la posibilidad de que ocurran violaciones a los derechos humanos existe en cualquier país y ellas deben ser siempre repudiadas. Con todo, hay una diferencia profunda cuando son el resultado —como señala el informe en el caso de Venezuela— de una política sistemática ejecutada con el conocimiento y apoyo de las autoridades, sin un Poder Judicial independiente ni libertad de prensa para denunciarlas, lo que deja a los ciudadanos completamente indefensos frente al Estado. El intento por relativizar la gravedad de esta situación recurriendo a paralelos evidentemente discutibles, da cuenta finalmente del problema político que hoy supone para el PC y sus eventuales alianzas su cercanía con el régimen chavista.