A pocos días de dejar su cargo de ministro de Salud, se presentó una querella en contra de Jaime Mañalich, quien junto al Presidente de la República, Sebastián Piñera, y otras autoridades fueron acusados de cuasidelito de homicidio por haber adoptado decisiones “evidentemente erradas y retardadas” y haberles negado información a autoridades locales. El querellante era el alcalde de Recoleta, Daniel Jadue (PC), y tres días más tarde el Tercer Juzgado de Garantía de Santiago declaraba admisible la querella; con posterioridad, el senador Alejandro Navarro (Pro) presentó una acción similar.

La Fiscalía Centro Norte de Santiago quedó a cargo de la investigación, para lo cual solicitó primero las fichas clínicas de los 62 fallecidos hasta esa fecha en Recoleta, pero enseguida se advirtió el ánimo de ampliar la indagación, pues se buscaba el detalle de las comunicaciones que pudieran haber sostenido por correo electrónico tanto el exministro como su jefa de gabinete y sus subsecretarios. Ante esta pretensión, el ministro de Salud, Enrique Paris, negó la entrega a los investigadores, pues existirían materias que afectan la seguridad nacional. Por ello, el fiscal regional recurrió a la Corte Suprema.

En su escrito, el persecutor revela aproximadamente el enfoque que ha ido tomando su investigación, hasta ahora desformalizada y desconocida para los querellados. Buena parte de sus conclusiones parece basarse en la creación de un sistema especial de recolección de datos, instaurado por el ministro Mañalich posiblemente con el objetivo de tener una respuesta más rápida y poder así adoptar decisiones más oportunas. Pero los fiscales sugieren, en su hipótesis investigativa, que habría sido mejor que ellas se hubieran tomado considerando los datos de otra entidad dentro del ministerio y se hubieran ajustado a las condiciones socioeconómicas de cada lugar. Muchos observadores no expertos se han pronunciado a favor de un sistema riguroso e impersonal —una suerte de algoritmo— para resolver las cuarentenas, pero ello no parece realizable ni ha sido llevado a la práctica por ningún país. Subsisten, por lo demás, dudas respecto del impacto de la cuarentena en la circulación del virus. Así lo demuestra la experiencia de Suecia, que se negó a adoptar alguna y cuyos resultados no son muy diferentes de los países que más rigurosamente han intentado aplicarlas, como Argentina.

Las decisiones tomadas en condiciones de incertidumbre siempre podrán ser objeto de críticas. Nunca podrán, sin embargo, basarse dichas objeciones en los resultados concretos alcanzados, pues ellos son solo el efecto de cálculos de probabilidades de un valor esperado que nunca se obtendrá con plena certeza. Pero todas las políticas públicas se basan en principios generales y siempre cabe la posibilidad de que los resultados sean algo diferentes. En este caso, pareciera que quienes impugnan la conducta del exministro toman pie en los resultados que se obtuvieron en Chile, los que dependen —y continúan dependiendo— de muchos otros factores, más allá de las resoluciones que pueda adoptar el ministerio respecto de las cuarentenas.

Chile no es el único país que ha caído en buscar culpables de las muertes, como lo demuestran los juicios que se han abierto en Europa y en otros países. En principio corresponde a un rasgo muy humano —aunque tal vez algo primitivo— buscar a quien culpar por los males de este mundo. Pero en casi todos los casos referidos el objetivo parece finalmente ser el de —aprovechando ese sentimiento humano— lograr el desprestigio de las autoridades respectivas. El sentido político de estas acciones —similares a las impulsadas en el pasado por otros sectores a propósito de anteriores tragedias nacionales— es más o menos evidente. Pero lo inquietante, aunque no seamos el único país que lo experimenta, es el riesgo de terminar involucrando de esta manera a instituciones como el Ministerio Público en rencillas políticas que debieran serle ajenas. Es de esperar, por lo mismo, que ese organismo sepa diferenciar adecuadamente, y a lo largo de toda la investigación, las materias que efectivamente pudieran ser objeto de indagación penal de aquellas otras propias de la discusión de políticas públicas.