Tras casi dos años de trabajo, se ha conocido el informe de la comisión interdisciplinaria de 16 académicos de la Pontificia Universidad Católica, creada para analizar la crisis de la Iglesia local producto de los abusos sexuales cometidos por sacerdotes contra menores de edad.

El documento, titulado “Comprendiendo la crisis de la Iglesia en Chile”, recogió el testimonio de numerosas víctimas y de personas que han estado involucradas en las distintas dimensiones que presenta esta realidad. Los objetivos del estudio apuntaban a entregar un cuadro lo más completo posible sobre el alcance de estos abusos, identificar las dificultades habidas para ofrecer una respuesta institucional eficaz y oportuna, y estimar el daño causado a las víctimas y la sociedad en su conjunto, incluida la comunidad de creyentes. El rector de esa casa de estudios, Ignacio Sánchez, calificó el trabajo como una contribución, desde la academia, a una mejor comprensión de lo sucedido para evitar que algo así pueda repetirse.

El texto identifica entre las causas y factores condicionantes al clasismo y elitismo que afectarían a la sociedad chilena. Asimismo, el excesivo clericalismo en Latinoamérica estaría en la base de estas relaciones asimétricas y piramidales que facilitan los abusos de jóvenes por parte de ministros de la Iglesia. Eso último explicaría las referencias del Papa Francisco a “una verdadera cultura del encubrimiento” que imperó durante estos años y que impidió hacer frente de manera adecuada a estos graves hechos.

El texto abarca el período 1970-2019 y registra a 194 miembros de la institución (incluyendo a hermanos y diáconos) comprometidos en los abusos. No obstante, el presidente del grupo de trabajo, el decano de la Facultad de Ciencias Sociales, Eduardo Valenzuela, reconoce que es muy probable que exista una “cifra negra” de casos no denunciados que elevarían esos números. Algo singular del análisis es que no se limita a realizar apreciaciones de carácter general, sino que, además, examina casos particulares e incluso define un cierto patrón en los abusos. Respecto de esto último, señala que los afectados suelen ser personas cercanas y frecuentadas por el sacerdote. Junto con eso, plantea que hay cuatro elementos de oportunidad: el contacto frecuente y personal, la generación de confianzas con las familias, una falta de supervisión a los sacerdotes y la convicción de que no serán severamente castigados. El informe es categórico en cuanto a sostener que las medidas de la Iglesia Católica han resultado insuficientes porque muchos casos se han mantenido en secreto y se ha evitado la concurrencia ante los tribunales civiles e incluso la aplicación de sanciones disciplinarias al interior de la propia Iglesia. Finalmente, el equipo multidisciplinario de la PUC recomienda gestionar activamente el apoyo a las víctimas, por cuanto la ausencia de este dejará profundas e irreparables huellas entre quienes han sido objeto de abusos de esta índole.

Aunque a algunos les pudiere parecer contraintuitivo, probablemente ninguna otra universidad chilena podría haber emprendido este trabajo con mayor autoridad que la Pontificia Universidad Católica. Ello no solo por su reconocida credibilidad académica, sino también porque su propia pertenencia a la Iglesia garantiza un profundo compromiso con el futuro de esa institución y la comunidad de creyentes que la conforman.

Más allá de ciertos cuestionamientos preliminares surgidos desde sectores de la propia Iglesia, esperables dada la complejidad del tema, es probable que la jerarquía eclesiástica se tome un tiempo para analizar y estudiar el documento, para luego emitir su parecer, lo que será altamente valorado por la ciudadanía como otro paso en la reconstrucción de las confianzas entre la sociedad y una institución que ha marcado tan fuerte la historia e identidad de nuestro país.

No es descartable que este esfuerzo pueda servir de inspiración y modelo para otros países del continente que han vivido situaciones similares. Con todo, para llevar a cabo esa tarea será clave contar con una institución que —al igual que en el caso chileno— conozca y entienda bien el escenario en que han ocurrido los abusos y las dinámicas que pudieron favorecerlos, y respecto de la cual nadie pueda poner en duda que le anima una auténtica vocación de corrección y mejora.