A finales de agosto se desató una tormenta en el sistema interamericano de derechos humanos. ¿Qué pasó? La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) publicó un largo comunicado en el que denunciaba una grave injerencia a su independencia por parte del propio secretario general de la OEA, Luis Almagro, quien se negó a extender, por cuatro años más, el contrato del secretario ejecutivo de la CIDH, Paulo Abrão.

La negativa del secretario general de la OEA se basó en un informe de la Ombudsperson, en el cual se revelaba una serie de cuestionamientos a la conducta del señor Abrão. Ante ello, la CIDH ratificó su confianza, indicando textualmente que “destaca, respalda, reconoce y agradece” la labor del secretario ejecutivo de la CIDH. Y volvió a confirmar la decisión de renovar su mandato, exigiendo el debido proceso y respeto al principio de presunción de inocencia.

Nadie en su sano juicio puede negar la importancia de la CIDH y tampoco desconocer su independencia y autonomía. La Convención Americana de Derechos Humanos garantizó su independencia al darle plenas facultades para preparar su propio Estatuto y Reglamento (art. 39). De igual modo, su Estatuto —aprobado en 1979— señaló dos cosas importantes: 1) el secretario ejecutivo debe ser designado por el secretario general de la OEA, en consulta con la CIDH; 2) si el secretario general de la OEA desea separar del cargo al secretario ejecutivo, debe consultar previamente a la CIDH e informar las razones en que se funda tal decisión.

Pero no hubo consulta y tampoco hubo mayor explicación.

Luego de ello, el diario El País, de España, informó que el señor Abrão tenía más de 60 denuncias por acoso, hostigamientos, retaliaciones, humillación pública, sustracción de funciones injustificadas, pérdidas de cargos y discriminación en relación con otras personas de cargos similares; todas ellas, aparentemente documentadas por la Ombudsperson. ¿Esto es un tema menor? Indudablemente que no.

Asimismo, el diario colombiano El Tiempo publicó una dura carta suscrita por un grupo de los denunciantes, quienes cuestionaban la actitud defensiva de la CIDH y también lamentaron los pronunciamientos que minimizaron sus denuncias y que, además, pretendían “revictimizar” al señor Abrão.

¿Cuál fue el error de la CIDH? Pues fueron varios, pero el que más destaca es no haber generado un entorno laboral que propiciara que los trabajadores de la CIDH dispusieran de un canal apropiado para transmitir de modo directo a los miembros de la CIDH los problemas suscitados.

No es bueno para el sistema interamericano de derechos humanos que los propios trabajadores de la CIDH denuncien su vulneración. Jamás reclamos de esa naturaleza deberían haber sido minimizados, sino que, por el contrario, apropiadamente escuchados para luego resolver con imparcialidad.

Mientras terminaba de escribir estas líneas, la CIDH ha publicado un comunicado en el que desiste en la renovación del contrato de Paulo Abrão. Creo que ha sido lo más sensato; además de que por primera vez la CIDH expresa su preocupación directa por la protección de los derechos humanos de sus trabajadores.

La CIDH ya anunció que abrirá una convocatoria para la elección de la persona que ocupará el cargo. Como señaló Michelle Bachelet, alta comisionada para los Derechos Humanos de la ONU, siete mujeres han liderado las mejores gestiones en el mundo frente a la pandemia. Los últimos cuatro secretarios ejecutivos han sido varones: es el momento adecuado para que una mujer lidere la Secretaría Ejecutiva de la CIDH.

Adrián Simons Pino
Exagente del Estado peruano ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos