Señor Director:

En relación con la carta publicada por los profesores C. Bahamondes y A. Ibáñez, esta incurre en errores y confusiones respecto del proyecto de ley que modifica el sistema notarial y registral, que es necesario corregir.

En cuanto a los fedatarios y el solo efecto redistributivo que los profesores le asignan al proyecto, señalando que no genera beneficio alguno para los usuarios, debemos precisar que la incorporación de nuevos ministros de fe sí implica una reducción de costos pues, al existir más oferta, los costos de traslado y horas que requiere el trámite disminuyen. Por otra parte, el proyecto considera que existirá una banda de precios y obliga a los fedatarios públicos a cobrar el menor valor. A esto debemos sumar que, al existir más competencia, notarios y fedatarios deberán diferenciarse por la calidad de sus servicios y el precio que cobran por ellos, beneficiando directamente a los usuarios.

Un punto destacable es el reconocimiento de que notarios y conservadores quieren ser los administradores del repositorio digital nacional, pues era una pretensión de la que no se hablaba y que se ha hecho pública gracias a la carta de los profesores. Esa transparencia es sin duda bienvenida.

Sobre la necesidad de aumentar las notarías, el proyecto establece criterios objetivos que facilitarán la creación de nuevos oficios, y así dar la debida cobertura de fe pública. En cuanto a la supresión de trámites innecesarios, se sustituyó la “desnotarización” vía DFL por un nuevo proyecto de ley que identifica cada uno de estos trámites el cual ya fue ingresado a la Cámara de Diputados.

La imputación de “rebajar la fe pública” es una consigna no explicada y que no se hace cargo de un dato concreto: la existencia de ministros de fe distintos al notario en materias laborales, sindicales, municipales, electorales, de partidos políticos y organizaciones sociales.

Como Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, destacamos que es la primera vez que una iniciativa como esta supera el primer trámite legislativo que tiene por propósito manifiesto que exista un sistema notarial al servicio de las personas. Ese es nuestro interés. Bien harían los que quieren polemizar en esta materia explicitar cuál es el suyo.

Héctor Mery Romero
Jefe de División Judicial
Ministerio de Justicia y Derechos Humanos