El Gobierno ha presentado un proyecto que supone una reforma estructural al sector de la distribución eléctrica. Si bien hace poco una ley redujo su rentabilidad garantizada y mejoró el esquema de tarificación, este cambio es más profundo, pues establece la portabilidad universal del servicio de suministro. En el futuro, las empresas de distribución arrendarán sus instalaciones y serán los comercializadores de energía —una nueva figura— los que, usando esas instalaciones, provean el suministro.

Existen varias razones que sustentan el cambio. Hasta ahora, la empresa de distribución ha sido el proveedor monopólico de los clientes regulados y a más del 90% les ofrece un único plan. Debido a que el cargo fijo es inferior a los costos fijos reales, la empresa debe ser compensada mediante un valor de la energía consumida superior al de sus contratos de suministro. Por ello, se beneficia de un mayor consumo por parte de los clientes y no tiene incentivos para impulsar la eficiencia energética, lo que este proyecto viene a cambiar, al abrir un amplio espacio para la flexibilidad.

Otra razón para reformar la distribución es que el plan de descarbonización de nuestra matriz requerirá que muchas actividades que hoy usan combustibles fósiles, como procesos industriales, transporte, calefacción y cocinas, migren a electricidad, aumentando el consumo de esta. Dado que la generación mediante energías renovables no convencionales (ERNC) es más variable que la energía convencional, se hace necesario respaldarla, lo que resulta de alto costo si se quiere prevenir a todo evento una situación de escasez. Más eficiente es, en cambio, que sea la demanda la que se pueda flexibilizar, y para conseguir ese objetivo la competencia entre comercializadores será vital. Así, en el nuevo esquema, los clientes tendrán acceso a planes de energía de diversos tipos ofrecidos por esos comercializadores, pudiendo escoger según sus necesidades y también con la opción de mantener sus planes actuales. De este modo, podrán ofertarse planes más baratos para quienes estén dispuestos a aceptar cambiar sus hábitos de consumo. Por ejemplo, un comercializador podría ofrecer a sus clientes equipos de línea blanca inteligentes que respondan a los costos de la energía a lo largo del día. O quienes posean autos eléctricos podrían tener acceso a planes que incluyan la recarga en las horas en que la energía abunda, al tiempo que sus baterías podrían servir de respaldo cuando ella escasee.

Uno de los problemas del esquema actual es que la empresa de distribución tiene toda la información de los clientes, por lo que sería difícil competir con ella si se dedicara a la actividad de comercialización: aunque la ley requiere el giro exclusivo, una empresa comercializadora coligada podría tener ventajas sobre la competencia. Por ello, la reforma establece un gestor que centralizará la información de los usuarios y la distribuirá entre los comercializadores. Estos, a su vez, deberán contratar energía con los generadores para garantizar el suministro a sus clientes o disponer de respaldos financieros para evitar romper la cadena de pagos en la industria.

La implementación de la ley será gradual. Por eso, muchos de sus beneficios solo llegarán a los clientes residenciales en varios años, pues las empresas de distribución hoy tienen contratos de suministro de larga duración, y los generadores que comprometieron inversiones para ganar esos contratos se verían perjudicados si no se utiliza la energía comprometida.

En resumen, se trata de una reforma necesaria para un sector que ha quedado retrasado respecto de otros países. Es también una medida fundamental para poder cumplir con los planes de descarbonización y hacer más eficiente el consumo energético, pero se debe cuidar que los clientes no se vean perjudicados, para lo cual se debe obligar a los comercializadores a entregarles la información necesaria para que puedan adoptar buenas decisiones.