Luego de su declaración en calidad de imputado, la Fiscalía Metropolitana Oriente ha solicitado audiencia para formalizar la investigación que se sigue en contra del senador Manuel José Ossandón, por su presunta responsabilidad en el delito de tráfico de influencias.

El caso comenzó a fines de 2018, cuando el alcalde de Pirque, Cristián Balmaceda —además, primo del parlamentario—, realizó una denuncia ante la fiscalía. El motivo eran las gestiones que habría efectuado el senador durante 2017 y 2018, con el objetivo de que el Concejo Municipal de aquella comuna accediera a una prórroga solicitada por la empresa Cavilú SpA para continuar extrayendo áridos en el río Maipo. Luego se constató, sin embargo, que Nicolás Ossandón Lira, hijo del parlamentario, era socio de la compañía. En aquella oportunidad, el senador no solo se defendió ante las acusaciones —las que calificó de falsas—, sino que cuestionó al mismo alcalde, denunciando la existencia de irregularidades en su municipio.

Ahora, a raíz del anuncio de formalización, el mismo senador, a través de una carta dirigida al presidente interino de Renovación Nacional, solicitó la suspensión de su militancia. El timonel manifestó su apoyo al ex precandidato presidencial, lo mismo que los diputados Sebastián Torrealba (jefe de bancada RN) y Paulina Núñez (vicepresidenta del partido), quienes valoraron el gesto.

En menos de dos años, la causa ya ha pasado por distintas manos. En un inicio estuvo a cargo del entonces fiscal regional metropolitano Sur, Raúl Guzmán, quien luego de dejar el Ministerio Público asumió como secretario general del Senado. Después, su sucesor, Héctor Barros, se inhabilitó por haber tenido antiguos vínculos laborales con la Municipalidad de Puente Alto, que participa junto con Pirque del convenio que permite la referida extracción de áridos. Fue allí, recién, cuando el caso terminó pasando a la Fiscalía Metropolitana Oriente.

Si bien el delito investigado y los antecedentes que fundan la solicitud de formalización resultan graves, no cabe adelantar juicios sobre la responsabilidad del senador Ossandón, cuya presunción de inocencia debe ser respetada, correspondiendo a la fiscalía desarrollar una investigación acuciosa y conforme con el principio de objetividad. Tratándose de un caso que, al involucrar a una autoridad pública, causa justificada preocupación ciudadana, es importante que sea llevado adelante con la necesaria diligencia y celeridad, sin repetir la experiencia de otras investigaciones que, afectando a figuras políticas destacadas, se han dilatado en el tiempo, con perjuicio no solo para los imputados, sino también para la confianza ciudadana e incluso —en los casos en que se ha solicitado desafuero— para el normal funcionamiento de las instituciones democráticas. Cabe esperar del propio parlamentario, por otra parte, su plena colaboración con la indagación, conforme con los valores de transparencia que ha procurado resaltar en su discurso público.