Una accidentada tramitación legislativa ha tenido el Acuerdo Covid, suscrito el 14 de junio entre gobierno y oposición para hacer frente a la emergencia y potenciar la recuperación económica. El reciente rechazo en el Senado a la iniciativa del Ejecutivo, de rebajar transitoriamente el impuesto a las pequeñas y medianas empresas, así como ampliar la vigencia de la depreciación instantánea, temas explícitamente incorporados en dicho acuerdo, da cuenta de la polarización del ambiente político.

En efecto, en su apartado III. G, dedicado a la recuperación económica, el documento del 14 de junio estableció la necesidad de introducir “potentes estímulos a la inversión privada”. Entre ellos, se estipularon de manera explícita incentivos tributarios de carácter transitorio, como “una rebaja a la mitad del impuesto de primera categoría del régimen ProPyme” y “ampliar hasta el 31 de diciembre de 2022 el esquema de depreciación instantánea al 100%”. Asimismo, se estableció la necesidad de “liberar los proyectos de inversión de la contribución regional de 1%, monto que será aportado a las regiones con cargo a las arcas fiscales”.

El proyecto presentado por el Gobierno contiene de manera literal precisamente estos puntos y había sido ya aprobado por la Cámara de Diputados. Por ello, su rechazo es inexplicable. Algunas organizaciones de pymes manifestaron que existían espacios de mejoramiento de la iniciativa, lo que por cierto siempre es posible. Sin embargo, ello no parece suficiente para sostener el argumento esgrimido por los senadores que votaron en contra, en cuanto a que no se habría oído suficientemente a las organizaciones gremiales, máxime existiendo un acuerdo previo transversalmente apoyado. Por lo demás, cabe recordar que las organizaciones gremiales, por su propia naturaleza, promueven los intereses de sus asociados, los que no siempre han de coincidir con el interés general, que es el que debe buscar una legislación. Así, llama la atención que los senadores hayan privilegiado en sus consideraciones las demandas de mayores beneficios levantadas por ciertos grupos, por sobre los planteamientos técnicos formulados por economistas de todo el espectro.

Pero incluso al margen de esos aspectos técnicos, es la falta de disposición a cumplir con lo acordado de cara al país lo que abre las mayores interrogantes. No puede esperarse que ello pase inadvertido a los inversionistas. Al contrario, la recuperación no dependerá solo de los detalles microeconómicos de las medidas planteadas, sino sobre todo de la capacidad de generar un ambiente de confianza, propicio a la inversión. Señales como esta, en que la discusión política no logra, aun en tiempos de crisis, escapar del cálculo menor, poco ayudarán a la ansiada y necesaria reactivación.