Ansioso y trasnochado, Alberto Fernández estaba viendo en Netflix un capítulo de la última temporada de “Sorjonen”, un policial finlandés, cuando pasadas las 3:00 de la madrugada del martes el ministro de Economía, Martín Guzmán, le comunicó que, tras intensas negociaciones de último momento, habían conseguido cerrar un acuerdo de reestructuración de la deuda argentina con los principales bonistas extranjeros. “¡Brillante! ¡Primer paso, adentro!”, le respondió vía WhatsApp el Presidente, quien casi no durmió esa noche ante la emoción del que probablemente sea su mayor logro político en sus ocho meses de gobierno, aunque —como él mismo reconoció— solo es el comienzo de una compleja tarea para recuperar la golpeada economía.

“Resolvimos una deuda imposible en la mayor crisis económica que se recuerde y en medio de la pandemia. Ahora tenemos despejado el horizonte a donde queremos llegar”, dijo Fernández, y remarcó que Argentina está “volviendo a entrar dignamente al mundo” al evitar un cese de pagos total como en 2001.

Tras cuatro meses de conversaciones, Argentina acordó con acreedores de Wall Street reestructurar unos US$ 66.000 millones de deuda emitida bajo legislación extranjera. El plan contempla el pago de US$ 54,8 por cada US$ 100 de deuda, una propuesta que dista de la oferta inicial del gobierno de US$ 40, pero que permitirá al país ahorrar unos US$ 30.000 millones.

Para Fernández, quien impulsó personalmente la reestructuración de la deuda y varias veces repitió que él no quería “ser el Presidente del default”, se trata de un éxito con condicionantes.

“Lo importante es lo que se evitó, más que el logro. Porque esta es una negociación que duró mucho tiempo, en la cual Argentina cedió mucho y que aún no le permite volver a acceder a los mercados de capitales”, comenta el consultor político Sergio Berenzstein. “Yo matizaría la idea de logro. En todo caso, acá evitamos un desastre significativo con otro default completo y con la imposibilidad para que las provincias y las empresas pudieran también renegociar sus pasivos. Un default hubiera seguramente ahondado aún más la crisis”, agrega.

Según Ignacio Labaqui, analista senior para Argentina en Medley Global Advisors, “probablemente es el mayor logro de esta administración, independientemente de que el acuerdo requirió que el gobierno fuera bastante más generoso de lo que se proponía inicialmente”, y le permitirá a Fernández “un alivio impresionante” en los pagos de deuda que enfrentará durante su mandato. “Políticamente, es muy importante haber evitado un default duro y prolongado, que habría agravado las inciertas perspectivas de la economía argentina”, remarcó. “La resolución de la cuestión de la deuda es una bocanada de aire fresco, pero solo es el principio de una cargada agenda que incluye las negociaciones con el FMI y generar las condiciones para que la economía vuelva a crecer luego de una década de estancamiento”.

El capítulo de la deuda argentina —que ronda los US$ 324.000 millones, cerca del 90% del PIB— está lejos de cerrarse. Aprovechando el impulso, esta semana el Congreso aprobó casi por unanimidad el proyecto de reestructuración de deuda emitida bajo legislación local, que equivale a unos US$ 41.000 millones, para la cual se dará un tratamiento equitativo al que se les dio a los bonistas extranjeros.

La gran incógnita es la renegociación con el Fondo Monetario Internacional: el Presidente suspendió el último tramo de un programa por US$ 57.000 millones acordado por el gobierno de Mauricio Macri, y el próximo año debería comenzar a reintegrar unos US$ 44.000 millones al organismo multilateral, que no permite rebajas de capital y suele condicionar algunas ayudas a reformas estructurales y metas macroeconómicas.

“No va a ser fácil el acuerdo con el FMI, va a depender mucho de lo que Argentina busque”, señala Berenzstein, quien explica que los programas y exigencias del organismo difieren mucho según se busca un Acuerdo Stand-By o un Fondo de Facilidades Extendidas (EFF). “La indefinición en materia de política económica va a llegar a su fin, porque el acuerdo con el Fondo va a obligar al Presidente a que tenga algo parecido a un plan económico, cosa que hasta ahora no ha tenido”.

Tal como lo demostró el fallido intento de estatización de la empresa cerealera Vicentín, el gobierno de Fernández ha tenido problemas para definir su programa económico, marcado por la heterogeneidad dentro del oficialismo y la tensión entre las ramas moderadas del peronismo y las más radicalizadas del kirchnerismo. Según analistas, el Presidente ha desplegado la “agenda que puede, no la que quiere”, por la naturaleza de su coalición, que lo ha obligado a hacer de equilibrista.

Hoy tendría un poco más de margen. “El acuerdo de la deuda permite al gobierno encauzar el que es probablemente el problema más importante en el mediano plazo. Aunque no es suficiente para resolver los graves problemas de la economía”, comenta Rosendo Fraga, director del Centro Nueva Mayoría. “Ahora será el plan económico y la visión que logre generar lo que permitirá crear el horizonte económico. En política interna, el acuerdo le da margen a Alberto Fernández para acentuar un perfil propio, que probablemente utilice para ganar autonomía sin confrontar con la vicepresidenta Cristina Fernández”, añade.

El escenario sigue siendo muy complejo, agudizado por las consecuencias de la pandemia de covid-19 y la necesidad del gobierno de aplicar medidas sociales y de asistencia, aun sin tener recursos “para hacer una política anticíclica”, como comenta Labaqui . Luego de dos años de recesión, la economía se contrajo 13,2% en los primeros cinco meses de 2020 y el FMI proyecta una caída de 9,9% del PIB este año. El desempleo alcanzó el 10,4% el primer trimestre y la inflación, de cerca de 40%, está entre las más altas del mundo.

Tras el acuerdo con los bonistas, Fernández anunció un paquete de 60 medidas para la recuperación pospandemia. Según adelantó, se relanzará el plan Procrear (del gobierno de Cristina entre 2007 y 2015) para la construcción de unas 34 mil viviendas, y en un gesto hacia los gobernadores —sostén político de su gestión— anunció un plan de inversión en obras públicas por US$ 300 millones en cinco provincias.

“El gobierno necesita incentivar a sectores que no demanden demasiadas importaciones, porque no tiene dólares para pagar. Y bueno, la construcción es la que menos insumos importados demanda”, explica Berenzstein. “El objetivo de fondo es generar una recuperación que cumpla estos requisitos: generación de mucho empleo de baja calificación, y no alterar demasiado la demanda de dólares, porque no hay”, agrega.