Inquietante advertencia al Poder Judicial

Un duro mensaje ha enviado el Senado a los miembros del Poder Judicial. Inquietante como es el hecho de que se haya rechazado la nominación para la Corte Suprema de un juez de trayectoria destacada y respetado por sus pares, las razones esgrimidas por quienes se opusieron tienen un alcance aún más complejo. La reforma constitucional que incorporó la participación de la Cámara Alta en la designación de los integrantes del máximo tribunal buscó asegurar la llegada a él de magistrados cuyas capacidades y méritos profesionales generaran amplio acuerdo, y fortalecer así su legitimidad e independencia. Supone aquello un adecuado escrutinio por parte de los senadores respecto de esos merecimientos para, luego de una genuina ponderación, ejercer su facultad de aprobar o rechazar la propuesta formulada por el Ejecutivo a partir de una quina elaborada por la Corte. Por cierto, no ha sido siempre feliz el ejercicio de esta atribución, a veces distorsionada por prácticas de cuoteo o por la intervención de la oscura figura de operadores que transan apoyos a partir de su cercanía con parlamentarios influyentes. Pero ahora, en el caso del ministro Raúl Mera, se ha dado un paso aún más grave en esa desnaturalización.

En efecto, varios de los congresistas opuestos al nombramiento reconocieron con honestidad los méritos e integridad del magistrado, para luego, sin embargo, negarle su voto por discrepar de sentencias específicas dictadas por él. Esto, haciéndose eco de una campaña levantada por ciertos grupos de izquierda, particularmente enfocada en el caso Los Queñes, en que el magistrado absolvió a los imputados —decisión luego ratificada en dos instancias— al estimar insuficientes las pruebas para la configuración del delito. De esta forma, con su votación y fundamentaciones, han advertido los congresistas a los jueces del país que sus posibilidades de llegar al tribunal superior dependerán críticamente ya no solo de sus méritos e independencia, y ni siquiera de la doctrina jurídica a la que se los pretenda adscribir, sino de que el modo en que ejerzan su función se avenga con aquel resultado que determinados sectores estimen —en palabras de un exmagistrado— “políticamente correcto”. La convicción a la que —según mandata la ley— puedan llegar en una causa a partir de su recta valoración de la prueba ha pasado a ser, a la luz del criterio planteado por esos senadores, una cuestión secundaria si su conclusión se aparta de lo que ciertas corrientes políticas o ánimos de la opinión pública demanden.

Equilibrios institucionales en cuestión

La situación de precariedad en que entonces queda la idea de independencia judicial —y, por ende, el debido resguardo de los derechos ciudadanos— ha sido ya advertida. Pero esto, además, se da en un contexto de alta polarización como el que vive Chile, en que incluso —como se ha visto este tiempo— dolorosos casos penales son objeto de desvergonzada pugna por quienes pretenden utilizarlos en beneficio de sus respectivos discursos políticos. Especialmente inquietante resulta aquello, cuando el país se encuentra ad portas de un eventual proceso constituyente, que pondrá en revisión todo el sistema de equilibrios institucionales, al que tan poca importancia parecen desde ya asignar algunos parlamentarios y dirigencias.

Cabe valorar, aun así, el que un grupo relevante de senadores de oposición no haya hecho suya la peligrosa lógica asumida por quienes rechazaron el nombramiento y hayan estado en cambio dispuestos a enfrentar las descalificaciones y las funas virtuales que los grupos radicalizados reservan para quienes se aparten de sus criterios. Desconcierta, por lo mismo, que haya sido la ausencia de un senador oficialista la que llevara al lamentable resultado producido.

Desafío clave

Es mucho lo que se juega el Gobierno en la Región de La Araucanía y en la provincia de Arauco (Región del Biobío). Como se advierte en esta misma página, el Estado se encuentra allí desde hace ya largo tiempo desafiado por la violencia, pero la situación toca de un modo particular a esta administración, que asumió con el compromiso de recuperar la paz para los habitantes de esa zona. Diversas circunstancias han conspirado contra ese objetivo; sin embargo, el nuevo gabinete ha vuelto a poner el tema como una prioridad, evidenciada en el viaje a Temuco del ministro del Interior, apenas tres días después de haber jurado. La experiencia de este y anteriores gobiernos advierte contra el peligro de las expectativas desmedidas en un asunto de esta complejidad, cuya diversidad de aristas el país lleva décadas sin abordar con éxito. Tal aprendizaje debiera signar de realismo los esfuerzos que ahora se desarrollen.

En cualquier caso, un gobierno que busca recuperar su base natural de apoyo no podría renunciar al imperativo básico de restablecer el imperio del derecho allí donde ciudadanos sufren hoy cotidianamente los efectos de su ruptura.