A escasas once semanas del plebiscito en el que la ciudadanía deberá decidir si aprueba o rechaza la idea de redactar una nueva Constitución, el debate público prácticamente no ha abordado el tema, más allá de la discusión respecto de las condiciones sanitarias en que se efectuaría el referéndum. Cuestiones como la agria controversia que antecedió a la aprobación de la reforma sobre retiro de los fondos previsionales, las polémicas respecto del funcionamiento de las ayudas estatales y, por cierto, la evolución de la pandemia y de las medidas para enfrentarla han capturado en cambio la atención ciudadana.

Aunque ello puede ser entendible, dada la alteración inédita de la vida nacional que la irrupción del coronavirus ha significado, una decisión como la que se votará el próximo 25 de octubre amerita un debate acorde con su trascendencia. Por ahora, sin embargo, la escasa discusión que se ha desarrollado ha tendido, en el caso de quienes promueven la opción Apruebo, a señalar el problema de legitimidad del que —según ellos— adolecería el texto constitucional por haber sido originalmente aprobado durante el régimen militar, con independencia de las múltiples reformas a las que ha sido sometido en democracia; en un segundo nivel, se cuestiona a la actual Carta porque ella dificultaría el objetivo de cambiar el modelo de desarrollo seguido por el país. Quienes impulsan el Rechazo, a su vez, junto con hacer notar que bajo esta Constitución Chile ha logrado décadas de progreso inéditas en su historia, sostienen que el actual escenario de tensión política, signado por estallidos de violencia callejera y amenazas, dista de ofrecer las condiciones para un debate constitucional razonable, haciendo de este otro factor de grave inestabilidad.

Si algo vincula a tales argumentaciones es su carácter más bien adjetivo respecto del fondo de lo que se decidirá. En efecto, han estado casi totalmente ausentes de la discusión los contenidos del texto constitucional: ni los promotores del Apruebo han dado mayores luces respecto de cuáles perseguirían incluir en una nueva Carta Fundamental, ni los del Rechazo han levantado un discurso claro sobre aquellos puntos esenciales de la actual Constitución que un escenario al que muchos aluden como de supuesta “hoja en blanco” simplemente eliminaría, y los alcances que ello tendría. Si este vacío en el debate no es corregido a tiempo, arriesga transformar la discusión plebiscitaria en un ejercicio abstracto, cuestión probablemente conveniente para aquellos que han hecho del tema constitucional una consigna, pero en cambio muy contraria al objetivo relegitimador que inspiró el acuerdo político del 15 de noviembre y que anima a quienes de buena fe apoyan una u otra opción.

En una democracia, los actos eleccionarios se caracterizan por la participación y el debate amplio. Es importante para el país que tales atributos efectivamente se manifiesten en el plebiscito programado para octubre.